Al menos una decena de sacerdotes están en el listado de 94 personas que el régimen de Daniel Ortega, a través de resoluciones dictadas sin juicio previo por jueces de audiencias, declaró “traidores a la patria” despojándoles además de la nacionalidad nicaragüense, este miércoles 15 de febrero.
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Esas resoluciones imponen como penas accesorias la “inhabilitación absoluta” para ejercer cargos públicos y de elección popular y ordenan la “pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.
De igual manera, “se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos y a los acusados se les declara prófugos de la justicia”, señaló el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó lo que calificó como una “nueva ola de violaciones” a los derechos humanos.
#Nicaragua: #AHORA – Alarma la información que estamos recibiendo sobre la decisión arbitraria del Estado de declarar traidoras a la patria a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio, y declararlas prófugas de la justicia 1/2
— OACNUDH (@OACNUDH) February 16, 2023
En la lista de 94 personas están los sacerdotes Vicente Martínez Bermúdez, Erick Mauricio Díaz Fernández, Mángel José Hernández Rivera, Carlos Adolfo Zeledón Montenegro, Jorge Leonel Mairena Sánchez, Juan Francisco Zeledón Montenegro y Uriel Antonio Vallejos, los 7 estaban como párrocos en parroquias distintas de la Diócesis de Matagalpa y al menos uno de ellos continuaba este miércoles en el país.
Otros que estaban en la lista divulgada este miércoles fueron el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez Ortega y el padre Edwin Heriberto Román Calderón, ambos exiliados en Estados Unidos; así como el padre Harving Salvador Padilla, quien lleva meses en un encierro forzado en un seminario en Managua.
Antes, los sacerdotes Óscar Danilo Benavides Dávila, Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, José Luis Díaz Cruz, todos originarios de la Diócesis de Matagalpa, y el padre Benito Enrique Martínez Gamboa, de la Arquidiócesis de Managua, fueron parte de los 222 presos políticos desterrados, despojados de nacionalidad, y enviados a Estados Unidos el 9 de febrero recién pasado.
En el grupo de los 222 estaba además el diácono Raúl Antonio Vega González; también estaban los seminaristas Melkin Antonio Centeno Sequeira y Darvin Esteyling Leyva Mendoza; y los reporteros de la Diócesis de Matagalpa, Sergio José Cárdenas Flores, Wilberto Artola Mejía y Manuel Antonio Obando Cortedano.
Las mismas medidas fueron aplicadas al obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, pero este rechazó abordar el avión y ser desterrado. El régimen respondió enviándolo a la cárcel La Modelo y sentenciándolo a 26 años y 4 meses de prisión, además de una multa de 56,461.15 córdobas, por falsos cargos de “menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones agravadas, desobediencia y desacato a la autoridad. Todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua”.
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