De cara a la 52 sesión del Consejo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, a realizarse en marzo próximo, la Coalición Nicaragua Lucha exhortó a los países parte de los diferentes espacios multilaterales, a que apoyen la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) y el mandato de monitoreo al Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos (ACNUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió establecer, por un período de un año, un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, para emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
Haydée Castillo, miembro de la Coalición, explicó que Nicaragua Lucha –que aglutina 19 organizaciones– es una de las articulaciones más amplias de organizaciones de Derechos Humanos tanto dentro como fuera de Nicaragua y exige la renovación del mandato del GRHEN y del mandato del monitoreo al Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para seguir documentando las violaciones a los Derechos Humanos en el país.
Castillo dijo que como Coalición se están preparando para participar en la 52 sesión del Consejo del Alto Comisionado de Naciones Unidos de Derechos Humanos que se llevará a cabo en marzo próximo en Ginebra Suiza.
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En un comunicado, Nicaragua Lucha expresa que la renovación del mandato del GHREN no es solo importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas, sino que es indispensable ante la profundización de las violaciones a los Derechos Humanos en el país y ante prácticas que buscan la deshumanización como método de silenciamiento.
“Como testigos y fuentes del trabajo del GHREN, vemos como urgente que se continúe registrando, investigando y descubriendo los posibles perpetradores del terrorismo de Estado en Nicaragua para encontrar un camino hacia la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho en el país”, dice el pronunciamiento de la Coalición.
En el mismo comunicado la Coalición recuerda que Nicaragua es un Estado en desacato permanente, que no cumple ninguno de sus compromisos internacionales pese a las múltiples oportunidades que ha tenido.
“Al no haber cumplido ninguna de las recomendaciones realizadas por el Consejo y el ACNUDH: se hace aún más necesaria la exigencia unísona del pedido de renovación del mandato del GHREN”, apuntan.
La Coalición argumenta que el tiempo del mandato de GHREN resultó demasiado corto para la masividad y sistematicidad de los Derechos Humanos vulnerados en el país, por lo que se hace necesario la renovación de este para “ampliar las temáticas y el tiempo para la recopilación de más pruebas y testimonios, para demostrar que el Gobierno de Daniel Ortega sostiene un régimen autoritario, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad”.
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También indican que dicha renovación es necesaria para continuar documentando la indefensión de las personas presas políticas, la falta total de debido proceso con audiencias clandestinas a puertas cerradas sin opción de defensa nombrada, o con abogados defensores de derechos en constante amenaza.
El nueve de febrero del 2023 fueron excarceladas y desterrados 222 presos políticos, pero aún continúan encarcelados 35 personas por razones políticas, entre ellos monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, a quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión en un proceso lleno de ilegalidades y calificado por organismos de Derechos Humanos como una “venganza perversa”, del régimen ante el rechazo del jerarca católico a ser desterrado junto a otros 222 presos políticos.
La Coalición también recuerda que a partir del 2022 las prácticas de vigilancia, amedrentamiento, acoso a los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos se intensificaron, además, después del 2018 fue el año con más presos políticos y la vigilancia y persecución la ampliaron hacia miembros de la Iglesia Católica y hasta el cuerpo diplomático internacional.
“No se puede hablar de una región latinoamericana democrática, si en Nicaragua bajo el Gobierno de Ortega – Murillo, se siguen violando libertades, torturando, encarcelando y expatriando a sus ciudadanos. ¡No más cárcel o exilio! ¡Continuamos exigiendo la liberad de 35 las personas presas políticas que siguen privadas de libertad!”, dice el comunicado.
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