Desde la detención arbitraria hasta lo que califica como una farsa judicial en la que declararon culpables a 3 sacerdotes, 1 diácono, 2 seminaristas y 1 camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les ha violentado al menos 20 derechos humanos y constitucionales, consideró Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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Los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; y José Luis Díaz Cruz, de 33; además del diácono Raúl Antonio Vega González, de 27; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19, y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32, fueron declarados culpables por la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la comunicación y la información.
Núñez indica que se pueden contabilizar unos 20 derechos violentados, aunque agrega que es difícil cuantificarlos debido a que las violaciones a sus derechos han sido reiteradas desde la captura hasta el proceso que el Cenidh ha calificado como “tortura judicial”.
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“Fueron detenidos en horas de la noche, violando sus domicilios, sin orden judicial, también estuvieron un tiempo negando que los tenían y ocultando el lugar donde los tenían, se cometió la figura de desaparición temporal (…), entonces prácticamente no se puede decir se violaron tantos derechos, porque cuántas veces se les violaron estos y otros de sus derechos en diferentes períodos de tiempo, hay que ver en qué condiciones fueron capturados, en qué lugar se encontraron antes de que fueran sometidos a la farsa judicial, todas las violaciones pertinentes en cuanto a la integridad física, psíquica y moral, y violaciones a las garantías de sus libertades individuales, libertad de movilización, fueron violadas desde su captura y se reiteraron de diversas formas cuando estaban sometidos a proceso”, sostiene Núñez.
Los siete procesados son quienes acompañaban al obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, en la Residencia Episcopal de Matagalpa, de donde fueron sustraídos en la madrugada del 19 de agosto del 2022.
Monseñor Álvarez está siendo procesado por los mismos tipos penales en un proceso distinto que conoce la misma juez Tardencilla.
La defensora de Derechos Humanos agrega que hay toda una cadena de responsables por dichas violaciones a los derechos constitucionales y humanos de estas personas y la responsabilidad principal la encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, y le siguen los ejecutores directos, pero añade que no se escapa ni siquiera el policía que cree que no hizo nada, pero que en determinado momento metió el pie para que se cayera, desvistió a los parientes o simplemente le sacó la lengua.
“Por muy poco que sea, han tenido conciencia de que se está cometiendo una violación, que se estaba agrediendo a una persona, pero además con la conciencia de que lo que están haciendo contribuye a esa violación, esperamos que un día la justicia llegue”, dice Núñez
En sus redes sociales, el Cenidh exige la liberación de los sacerdotes y del Obispo Álvarez, pero además hace un llamado a los dirigentes de la Iglesia Católica a que reaccionen, “no pueden seguir callando, prácticamente el régimen ha encarcelado a una Diócesis entera. Les invitamos a ponerse al lado del pueblo creyente que está indignado”.
Violaciones constitucionales y de derechos humanos
La presidenta del Cenid manifestó que el régimen Ortega Murillo violentó al menos 20 derechos humanos a los sacerdotes y laicos desde su captura hasta el proceso
- Derecho a la libre movilización
- Derecho a la integridad física, psíquica y moral
- Derecho a la libertad de Conciencia y Religión
- Derecho a la Libertad de expresión
- Derecho a estar protegido contra el hambre
- Derecho a la libertad individual
- Respeto a su honra y reputación
- Respeto a la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo.
- El derecho a la igualdad ante la ley
- Principio de legalidad.
- Prisión arbitraria. Allanamientos, solo pueden realizarse con orden escrita de un juez competente.
- Derecho al debido proceso
- Presunción de inocencia
- Derecho a juzgamientos sin dilaciones por autoridad competente
- Publicidad y lugar de realización de los juicios
- A ser defendido por un defensor de su elección y el derecho a una tutela judicial efectiva.
- Derecho a la defensa
- Defensor Sustituto
- A disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.
- Principio de igualdad
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