Defensores de derechos humanos calificaron como todo un “montaje” el juicio en el que el padre Óscar Danilo Benavides Dávila fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
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El padre Óscar es el primer sacerdote que será condenado por esos delitos que también le son imputados al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, así como a otros sacerdotes, diácono, seminaristas y excolaboradores de medios de comunicación de la Iglesia.
Después de un cuestionado proceso, este 16 de enero, la juez Nancy Aguirre Gudiel declaró la culpabilidad del sacerdote, aunque expertos consideran que el proceso debió ser nulo desde el inicio, cuando el padre Óscar fue detenido arbitrariamente la tarde del 14 de agosto de 2022.
El padre Óscar, originario de San Isidro, Matagalpa, es párroco de la Parroquia Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
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A criterio de Yáder Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el sacerdote Benavides es un reo de conciencia detenido por la persecución política del régimen Ortega-Murillo, a quien le han violentado las garantías del debido proceso establecidas en la legislación interna de Nicaragua, empezando por el arresto arbitrario, fuera de procedimiento.
Valdivia explica que tanto las detenciones arbitrarias como la violación al debido proceso son graves violaciones a los Derechos Humanos reconocidas por instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Por su parte, la abogada Martha Patricia Molina consideró que el proceso en contra del religioso no tiene las características de un proceso jurídico, sino de un montaje donde la víctima es el sacerdote, porque, aunque la dictadura lo expuso como imputado, desde que fue secuestrado ya tenía redactada su sentencia.
Molina, quien le ha dado seguimiento a los procesos contra los sacerdotes y ha publicado dos investigaciones sobre los ataques que el régimen Ortega-Murillo ha realizado contra la Iglesia Católica, señala que el año 2022 cerró con 15 procesos penales en contra de miembros de la iglesia católica nicaragüense. “Todos esos procesos se caracterizan por ser nulos de principio a fin, ilegales, arbitrarios, y discrecionales”, sostiene.
“Estoy segura de que se han inventado un código penal nuevo de dominio interno para utilizarlo únicamente en contra de los religiosos y esto lo afirmo porque ninguna de sus actuaciones es apegada a derecho”, expresó Molina.
La abogada apunta que el derecho a un juicio justo se encuentra establecido en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido vulnerado, a como también están incumpliendo las mismas leyes calificadas como inconstitucionales y que fueron creadas por el régimen.
“A pesar de que se le permitió en último momento un defensor privado, se enfrentan a un sistema judicial viciado que ni el mejor defensor podría ganar porque no se apegan a la ley”, indica Molina.
La juez Aguirre desestimó elementos de prueba de descargo ofrecidos por la defensa, incluyendo el testimonio del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien lleva más de 5 meses en cautiverio y enfrenta un proceso distinto, pero por iguales delitos y que en la acusación contra el padre Benavides es señalado como «cabecilla de acciones ilícitas».
“El hecho de que aun presentando pruebas no fueron admitidas, es un patrón que se ha venido presentando desde 2018 con los reos de conciencia en Nicaragua’, dijo Valdivia, quien agregó que otra de las violaciones al proceso es el hermetismo con que se manejan los casos de presos políticos, ya que la legislación de Nicaragua contempla que los juicios son orales y públicos.
Otro patrón de actuación de parte del sistema judicial que se puede observar en el caso del padre Benavides, según Valdivia, está relacionado con los testigos, ya que desde 2018 se ha visto que los testigos desconocen a las personas imputadas o son testigos simpatizantes del gobierno o policías y a los abogados no les dan la oportunidad de conocer y poder preparar de previo un contra interrogatorio.
“Es parte de un patrón y de la fabricación de acusaciones”, dice Valdivia.
En el caso del padre Benavides la Fiscalía llevó a pobladores de Mulukukú, entre testigos de cargo, y uno de ellos ni siquiera lo conocía. También declararon policías.
La juez Aguirre fijó el 24 de enero próximo para una posible audiencia de lectura de sentencia.
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