Defensores de derechos humanos coincidieron al apuntar que el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, continúa en indefensión en un proceso repudiado incluso por la comunidad internacional y en el que le siguen violentando múltiples derechos al jerarca católico.
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El obispo de Matagalpa será enjuiciado en una fecha todavía indefinida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses».
La abogada Martha Patricia Molina consideró que todo este proceso en contra del obispo de Matagalpa es nulo de principio a fin, “porque no se han respetado las garantías del debido proceso. Se le están vulnerando todos sus derechos humanos. Su detención no fue apegada a derecho, sino un secuestro, un delito cometido por la Policía”.
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De igual manera, el también defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, señala que con este hecho el régimen de Ortega y Murillo pretende mantener callado al obispo de Matagalpa y a cualquier otra persona que quiera ejercer su derecho a la crítica o expresión.
“Los Ortega Murillo lo tiene en prisión con un objetivo y es callarlo y el callar también a la sociedad en general, es evidente que todo este proceso tiene el objetivo de mandar el mensaje de que quien ejerza su derecho para expresarse y quién ejerza su derecho a la crítica, al señalamiento, terminará igual que monseñor, enfrentando procesos falsos, amañados, carentes de toda legalidad”, refirió Cuevas.
Agrega Cuevas que el mensaje es el ensañamiento y que los dictadores mandan el mensaje de que van a hacer sufrir en gran manera a todo aquel ciudadano que se atreva a señalar las barbaries de la dictadura tomando como prueba este proceso en contra de una persona con un prestigio y con una figura inmensa, como lo es monseñor Álvarez.
En tanto, la abogada Molina explicó que en este proceso que goza de total ilegalidad, el obispo de Matagalpa no cuenta con una defensa independiente pese a que sus familiares han solicitado una y que por el contrario la dictadura, en la audiencia preliminar, le impuso un defensor de oficio “que son empleados fieles y que jamás velarán por el desarrollo de un proceso jurídico justo y apegado a derecho”.
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