Para este martes, 10 de enero, está prevista la audiencia inicial del proceso político que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impulsando en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
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El obispo de Matagalpa está siendo acusado por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses».
Todavía se desconoce cuál es la relación de hechos que la Fiscalía pretende sostener en el proceso contra monseñor Álvarez.
En el mismo proceso está siendo acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, párroco de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en la ciudad de Sébaco, Matagalpa, quien se encuentra exiliado en Europa.
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Defensores de derechos humanos han demandado la libertad del obispo Álvarez, y han denunciado todas las ilegalidades que se han cometido en contra del jerarca católico desde el momento en que fue forzado a un encierro en la Residencia Episcopal de Matagalpa el pasado 4 de agosto de 2022.
El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, destacó que, con este proceso en contra del obispo de Matagalpa, el régimen pretende “hacer ruido”, ya que este mismo 10 de enero será la toma de posesión de alcaldes, vicealcaldes y concejales de las 153 alcaldías adjudicadas al Frente Sandinista por el Consejo Supremo Electoral.
También recordó Carrión que el 10 de enero es una fecha simbólica porque también se conmemora el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
“El 10 de enero está cargado de símbolos, porque es la fecha en la que se conmemora el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades, entonces es una fecha simbólica. Probablemente van a tratar de hacer ruido, porque probablemente en ese momento que se estará consumando el fraude de las municipalidades, en simultáneo se estará realizando el inicio de ese proceso qué es una verdadera infamia, porque el obispo Álvarez, al igual que todos los sacerdotes criminalizados, y las más de 235 personas privadas de libertad, son inocentes”, refirió Carrión.
De igual manera, el abogado Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüenses de Derechos Humanos, señaló que el régimen pretende con este juicio enviar un mensaje de terror e intimidación a la población disidente.
“Lamentablemente lo qué sucederá mañana 10 de enero es la crónica de una muerte anunciada, todos sabemos cómo actúa esta cruel dictadura, seguramente mañana el juez admitirá la acusación y la mandará a juicio. Estamos seguros también de que el objetivo de este proceso en contra de monseñor es mandar un mensaje y mandar un mensaje de terror, de odio y de intimidación”, señaló Cuevas.
De acuerdo con datos de una investigación titulada Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?, realizada por Martha Patricia Molina y publicada en noviembre pasado, la iglesia católica ha sido objeto de 396 ataques. Entre las víctimas hay sacerdotes, religiosos y feligreses entre abril de 2018 y octubre de 2022.
“La persecución desatada por la dictadura en contra de la Iglesia católica no tiene precedentes en la historia de Nicaragua”, dice Molina, quien precisa que, solo en 2022, esta institución ha sufrido más de 127 ataques.
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