Al menos 12 de los 30 derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han sido violentados al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, alertó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de una nota de prensa en la que además lanzó “un grito de auxilio” por el jerarca católico.
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Entre los derechos violentados por el régimen de Daniel Ortega al también Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, el Cenidh menciona la libertad religiosa, explicando que este “incluye su derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado, en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza”.
De igual manera, la organización defensora de derechos humanos señala que también han sido violentados los derechos a la honra y reputación, el derecho a la libertad de reunión y manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movilización, el derecho a la libertad individual y la presunción de la inocencia.
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Otros derechos humanos violentados al obispo de Matagalpa son el derecho a la igualdad, no discriminación, y a la tutela judicial efectiva (contenido en el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Nicaragua), el cual incluye las siguientes garantías: que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley; que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción. Todo proceso judicial debe ser oral y público, Que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor”.
“¿Y a monseñor (Álvarez) quién lo defiende, un defensor público que es parte de la estructura que lo reprime? ¿Es esto defensa?”, cuestiona el Cenidh.
Agrega el Cenidh que a monseñor Álvarez también le han violentado sus derechos sociales y económicos, tales como el derecho a una buena alimentación y a estar protegido contra el hambre, el derecho a la salud, el derecho a la información veraz.
“Con la incomunicación y aislamiento se le violenta este derecho”, afirma el Cenidh.
“En estas condiciones el CENIDH rechaza y condena la anunciada “audiencia inicial” del próximo 10 de enero en contra de monseñor y el padre Uriel Vallejos, declarado prófugo de una justicia inexistente sin demostrar ninguna evidencia que soporte su calidad de fugitivo y circulado ante la Interpol como a los más peligrosos criminales del mundo”, señala la nota.
Para el Cenidh, las acciones del régimen de Ortega “están dirigidas perversamente a crear, en el imaginario colectivo, una monstruosidad que involucra a toda la gente cercana a monseñor Rolando Álvarez, como lo demuestra la criminalización de los periodistas Manuel Obando y Wilberto Artola.
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