A criterio de Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, la acusación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, es una venganza, porque era de las pocas voces que, a nivel de obispos, tenía coherencia no solo en sus homilías, sino con ese vínculo con las diferentes parroquias en Matagalpa y Estelí, ese vínculo con su feligresía.
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“Su palabra, sus homilías, las misas que en Matagalpa la gente seguía yendo a escuchar, eran consideradas como una voz insurrecta, incluso cuando lo mantuvieron privado de libertad a inicios de agosto en Matagalpa, antes de llevarlo a Managua, la Policía anunció que lo estaban investigando por promover grupos violentos, la violencia para el Estado es todo lo que se predique en contra de la tiranía, entonces por esa voz de inclinarse con los más desfavorecidos, con los oprimidos, la tiranía eso no lo perdona”, sostuvo Carrión.
Carrión agregó que el obispo Álvarez está privado de libertad como “una pasada de cuenta, en venganza por hacer uso de la palabra comprometida” con las víctimas, por irse al lado de los oprimidos e incluso los otros sacerdotes que hablaban están siendo criminalizados y otros están en el exilio, mientras que a otros obispos hasta ahora no les ha pasado nada, porque “algunos hasta se visten de rojo y negro, le dedican misa, inauguran obras con el régimen y otros están callados”.
Carrión recordó que en abril 2023 se cumplirán cinco años de “persecución sistemática a la mayoría del pueblo nicaragüense, lo cual se resume en la continuación de crímenes de lesa humanidad que hasta ahora están en impunidad y se sigue privando de libertad a diferentes personas”.
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El defensor de Derechos Humanos también recordó, sin nombrarlo, las palabras de Tomás Borge, ya fallecido, pero que años antes del 2018 le había dicho a Daniel Ortega que cualquier cosa podía pasar en Nicaragua, menos que el Frente Sandinista perdiera el poder.
“Entonces decían hagamos lo que tengamos que hacer, para ellos, el precio más alto es perder el poder, habría que entender su lógica, crearon una maquinaria, un tercer cuerpo armado, se apoderaron de todos los órganos del Estado, pero no han podido someter a todo un pueblo, solo así se explica que el Estado de terror sigue en marcha, aunque lograron sofocar las protestas de las calles (2018), pero al pueblo no lo pudieron poner a su disposición”, dijo Carrión.
Según Carrión, muestra de que el pueblo nicaragüense aún está en resistencia fueron las votaciones de noviembre del 2021 y 2022, en las que se supone la gran mayoría está con ellos, pero la gran mayoría no salió a votar.
“Más del 80 por ciento de la población no salió a votar, esa es una expresión contundente de resistencia, cuando tuvo que salir el pueblo salió a las calles en 2018, lo hizo de manera impresionante, nunca visto, y cuando ellos quisieron que la gente saliera a las calles para llenar sus urnas el pueblo no lo hizo, entonces ellos saben que no las tienen todas, que lo que tienen en sus manos son mecanismos del Estado con los cuales se han garantizado no solo represión, sino también impunidad, como al pueblo no lo tienen, no hayan qué maldad inventarse para someter totalmente al país, pero no lo han logrado, así se explica tanto terror, porque del lado de ellos hay miedo, el miedo es perder el poder, ellos hacen todo para no perder el poder”, recalcó Carrión.
El defensor de Derechos Humanos también se refirió al caso concreto de la detención y acusación de Manuel Antonio Obando, quien era jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa y de Wilberto Artola, periodista de TV Merced y de Radio Hermanos, a quienes se les pretende silenciar por su vínculo con la labor pastoral.
“Ahí está la criminalización a la libertad religiosa, el delito es transmitir las homilías, son dos víctimas más junto con el Obispo Álvarez y una decena más de sacerdotes”, manifestó Carrión.
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