Silencio, encierro o destierro… es la “sentencia” que Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto al clero de la Provincia Eclesiástica de Nicaragua. Nada importa la investidura: un Nuncio expulsado, un obispo exiliado y otro en cautiverio; casi una veintena de sacerdotes fuera del país –la mitad forzada al exilio– y a los demás, entre nacionales y extranjeros, les cancelaron residencias, los expulsaron, o simplemente les impidieron regresar a Nicaragua.
Pero, hay también cantidades inciertas de diáconos, seminaristas, laicos que servían a la Iglesia nicaragüense y hasta integrantes de congregaciones religiosas que se fueron o las expulsaron, como sucedió con 18 Hermanas de la Caridad de la Santa Madre Teresa de Calcuta, expulsadas en julio pasado; o con tres Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús que se fueron de Matagalpa a México, en septiembre reciente.
Mientras tanto, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, lleva casi tres meses en cautiverio y sin acusación en contra; mientras que siete sacerdotes de las Diócesis de Granada (2), Matagalpa (3), Siuna (1) y de la Arquidiócesis de Managua (1); así como un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, están encarcelados.
Mantener diálogo
La Iglesia misma ha sido sometida al encierro. Desde agosto, la Policía, el brazo represor del régimen, prohibió las procesiones y también las actividades nocturnas. Solo en León han sido aceptadas.
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Aun con esa persecución, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, considera que la Iglesia debe mantenerse abierta al diálogo.
“El diálogo nunca se debe parar. Siempre, nosotros tenemos experiencia en Nicaragua, porque ha habido guerras y se han hecho los diálogos…”, dijo el cardenal Brenes en una entrevista difundida este lunes 31 de octubre por Rome Reports, durante el viaje del jerarca católico a El Vaticano.
El cardenal Brenes, quien es segundo vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), estuvo este lunes en la presentación de resultados de la fase local del sínodo en América Latina. También se reunió con el Papa Francisco.
Desde el 19 de diciembre de 2021, Matagalpa vive su Segundo Sínodo Diocesano, el cual finalizará en 2024, en ocasión del Primer Centenario de la Diócesis.
En cautiverio
Monseñor Álvarez es también Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí. Está en cautiverio desde el 4 de agosto, cuando la Policía le impidió salir de la Residencia Episcopal en Matagalpa, forzándolo a un encierro inicialmente con 11 personas más.
Después, el 19 de agosto, el obispo fue trasladado y encerrado en la casa de sus familiares en Managua, donde permanece aislado y con custodia policial.
En la Diócesis de Matagalpa, el vicario general, monseñor Óscar Escoto Salgado, está supliendo las tareas episcopales.
Mientras que, en la Diócesis de Estelí, el Colegio de Consultores se reunió el 26 de octubre con el cardenal Brenes para “compartir, en espíritu sinodal, asuntos de la marcha pastoral de la Diócesis”, publicó Radio Estéreo Fe, voz oficial de la Diócesis de Estelí.
La emisora agregó que la reunión entre el cardenal Brenes y el Colegio de Consultores sucedió en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Sacerdotes condenados
El padre Manuel García Rodríguez, párroco de la Parroquia Jesús Nazareno, también conocida como Iglesia El Calvario, en Nandaime, Diócesis de Granda; fue condenado a 2 años de prisión por amenazas con armas a 5 simpatizantes sandinistas; y también a 2 años y 8 meses de prisión por lesiones sicológicas y físicas contra Martha Candelaria Rivas Hernández, quien se retractó, pero después fue condenada por falso testimonio.
Mientras que el padre Leonardo Urbina, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Boaco, Diócesis de Granada; fue condenado a 30 años de prisión por una supuesta violación a una niña en el departamento de Boaco, Diócesis de Granada.
Acusados
El padre Óscar Danilo Benavídez Dávila, párroco de la Parroquia Espíritu Santo en Mulukukú, jurisdicción de la Diócesis de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte fue secuestrado el 14 de agosto y está siendo procesado en Managua por los supuestos delitos de “conspiración para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”. Será enjuiciado en una fecha que definirá el juzgado de juicios que designe la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos.
En un proceso distinto, pero por los mismos delitos, también están siendo procesados en Managua los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años, administrador de la Parroquia San Juan Bautista, Matagalpa, vicario parroquial de Santa María de Guadalupe desde febrero y rector de la sede en Matagalpa de la Universidad San Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, de 33 y Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; primero y segundo vicario, respectivamente, de la Catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa.
Con ellos están procesando al diácono Raúl Antonio Vega González, de 27 años; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19 y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32. Ellos fueron obligados por la Policía a un encierro de 15 días con monseñor Álvarez en la Residencia Episcopal de Matagalpa y desde el 19 de agosto fueron llevados a El Chipote, la cárcel policial en Managua.
Mientras tanto, el padre Benito Enrique Martínez Gamboa fue secuestrado el 13 de octubre y acusado por los mismos delitos. Se desconoce si ya fue presentado ante un juez.
Sacerdotes en exilio forzado
En 2018 tuvieron que exiliarse al menos tres sacerdotes: el padre Rafael Bermúdez, el padre César Augusto Gutiérrez, párroco de la Parroquia San Sebastián, en Monimbó, Masaya, Arquidiócesis de Managua; y el padre Carlos Abea Balmaceda, párroco de la Parroquia San Martín de Porres en Nueva Guinea, Diócesis de Bluefields.
Otros exilios conocidos son el de monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, quien fue obligado a salir del país en abril de 2019; y el padre Edwin Román, párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel en Masaya, quien se exilió en enero de 2020.
De la Diócesis de Matagalpa, en agosto de este año, los sacerdotes Uriel Antonio Vallejos y Erick Mauricio Díaz, también se exiliaron.
Mosaico CSI ha documentado el exilio de cinco sacerdotes más (2 de la Diócesis de Matagalpa, 1 de la Diócesis de Granada y 2 de la Arquidiócesis de Managua) que prefieren mantenerlo en sigilo.
Además de los sacerdotes, ha sido público el exilio del diácono permanente (que puede desempeñar ministerios determinados) Marcos Herrera, de la Diócesis de Estelí.
Mientras que una cantidad incierta de seminaristas también tuvieron que exiliarse. Algunos dejarían atrás la formación religiosa.
Sin poder volver
A finales de 2020, a través de la Dirección de Migración y Extranjería fue cancelada la residencia al sacerdote colombiano Luis Alirio Carrillo, párroco de la Parroquia San Judas Tadeo en Condega, Diócesis de Estelí.
Mientras que, el 31 de enero de 2021, fue negado el permiso de ingreso al franciscano de origen salvadoreño Fray Santos Fabián Mejía Sagastume, párroco de la Parroquia San Francisco de Asís, Diócesis de Juigalpa. Días después, le fue negado el ingreso al también franciscano salvadoreño Fray Javier Lemus, párroco de la Parroquia Inmaculado Corazón de María en Matagalpa.
Fray Miguel Parra, terciario capuchino de origen venezolano, prestó servicios en la catedral de Matagalpa y el religioso contó a Despacho 505 que en 2021 salió de Nicaragua a visitar a su madre en Costa Rica y ya no le permitieron volver a Nicaragua.
También le cancelaron la residencia al franciscano Fray Boris Tandaric, quien se fue del país el 11 de junio de 2021.
En marzo de este año fue expulsado el Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
Otro «expulsado» fue el laico Henry Covera, de origen salvadoreño. Él era parte del coro en la Catedral de Matagalpa y fue uno de los que estuvo encerrado en la Residencia Episcopal con monseñor Álvarez. El 16 de agosto lo sacaron de ese edificio, y luego trascendió que lo expulsaron hacia Honduras.
Más recientemente, en septiembre, la Dirección de Migración y Extranjería nicaragüense también negó el reingreso a Nicaragua al sacerdote Juan de Dios García, vicario en la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua.
De igual manera, a finales de ese mismo mes, Migración negó el reingreso al país al padre Guillermo Trinidad Blandón Gómez, titular de la Parroquia Santa Lucía en el departamento de Boaco, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Granada.
Mientras que el padre Deyvis López Jarquín, párroco de la Parroquia San Gregorio Magno en Diriamba, Carazo, Arquidiócesis de Managua, debía regresar el 17 de octubre de Estados Unidos, pero un día antes la aerolínea le notificó que Migración de Nicaragua le negó el ingreso.
A todo se suma que, el 7 de noviembre de 2021, Migración decomisó el pasaporte a monseñor Silvio Fonseca, de la Arquidiócesis de Managua, impidiéndole salir de Nicaragua.
Mientras que al padre Julio César Melgar Cruz, de origen salvadoreño y párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Estelí, le cancelaron residencia y extendieron permiso que vencía en febrero de 2021. Él falleció en agosto de 2021.
En la entrevista que brindó en Roma, el cardenal Brenes sugirió a los sacerdotes que están fuera de Nicaragua que puedan “redescubrir” de qué manera pueden seguir sirviendo a Dios.
“A lo mejor el Señor les está mandando a otra misión”, dijo el cardenal.
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