Rezar el Santo Rosario y transmitir unas “cantatas” con alabanzas a través de redes sociales, son las “acciones directas y desestabilizadoras” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de los “operadores de justicia penal”, imputan al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, a quien califican como “cabecilla de las acciones ilícitas”, según se desprende de una novelesca acusación contra el sacerdote Óscar Danilo Benavídez Dávila, originario del matagalpino municipio de San Isidro.
El padre Óscar lleva más de dos meses encarcelado, desde el atardecer del domingo 14 de agosto, cuando salía de celebrar misa en la Parroquia Espíritu Santo del municipio de Mulukukú, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y cumple con la medida cautelar de prisión preventiva que le impuso la titular del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria María Saavedra Corrales.
Sin expediente en línea
En el sistema digital de causas en trámite del Poder Judicial solo hay referencia a que el padre Óscar fue acusado. Pero nada hay sobre la “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales” que le realizaron el 15 de agosto y en la que Saavedra otorgó un plazo de 30 días de “detención judicial y de “investigación complementaria”.
Tampoco hay nada sobre la audiencia preliminar realizada el 8 de septiembre y en la que Saavedra admitió la acusación, impuso la prisión preventiva y decretó la tramitación compleja del proceso, porque supuestamente se trata de “un delito grave y conexo al de crimen organizado”, razón por la que la Policía “continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva”, según petición de la Fiscalía.
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Saavedra había programado para el 6 de octubre la audiencia inicial, pero, un día antes, un hermano del sacerdote solicitó el cambio de defensa, nombrando al abogado Gerardo González y se desconoce si esa audiencia fue realizada o programada para una fecha distinta.
Los cargos contra sacerdote
Inicialmente, la Fiscalía imputó tres cargos al padre Óscar: “conspiración para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación y obstrucción de funciones, pero la Fiscalía desistió de este último en la audiencia preliminar.
Las víctimas en el proceso son la Sociedad Nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
El relato de la Fiscalía señala que el sacerdote “de común acuerdo con otras personas” y cuyas identidades omite, en el período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de este año supuestamente “ha conspirado en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense para realizar actos tendientes a afectar la naturaleza de Estado soberano e independiente establecida en la Constitución…”.
Agrega que el sacerdote Benavídez, “prevaliéndose de su investidura de eclesiástico, manipulando la fe cristiana, con la propagación de noticias falsas e información tergiversada, ha exaltado y aplaudido las sanciones impuestas a funcionarios del Estado y demás autoridades constitucionales” (sic).
YouTube, programas radiales y púlpito
La relación de la Fiscalía aduce que “para redimensionar y masificar la desestabilización”, el padre Óscar supuestamente usaba “plataformas digitales como YouTube y en programas radiales, incitando al odio contra el gobierno”.
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Además, sostiene que el padre Óscar “en un posicionamiento mediático con fines políticos, desde el púlpito de la Parroquia Espíritu Santo” de Mulukukú, supuestamente “ha incitado a la población de la comunidad, de su área de influencia, a la violencia, a la desobediencia, lo que genera descontento e inconformidad en la población que quiere la paz y la tranquilidad”.
“Directrices” de obispo a sacerdote
Las acciones del padre Óscar, continúa la novelesca trama de la Fiscalía, “están subordinadas a las directrices de Rolando José Álvarez Lagos, quien, prevaliéndose de su condición religiosa, desprovisto de toda dimensión espiritual y ávido de protagonismo político, utiliza su papel en la sociedad para intentar poner al pueblo en contra del gobierno, ejecutando acciones directas y desestabilizadoras desarrolladas del primero al 16 de agosto de 2022 en la Basílica de Matagalpa llevó a cabo una serie de provocaciones para contaminar la vida civil del país y producir un clima de confrontación en vísperas de las elecciones municipales programadas para noviembre 2022, para dañar la credibilidad del Gobierno” (sic).
Sin precisar cuáles serían las supuestas “directrices” o acciones que supuestamente cumplió el padre Óscar, la Fiscalía acusa que este “ha señalado de manera tendenciosa el supuesto asedio y persecución en contra de la Iglesia Católica, sobre los eventos desarrollados en la Basílica de Matagalpa, ocultando y distorsionando la verdad de los hechos, buscando a toda costa descalificar a nuestras autoridades policiales”.
El cautiverio
Pero, en Matagalpa no hay basílicas. Lo que sucedió el 4 de agosto fue que monseñor Álvarez junto a cuatro sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y cuatro laicos, fueron encerrados forzadamente por la Policía en la Residencia Episcopal.
Durante ese encierro forzado, el obispo y sus acompañantes tuvieron misas, rezaron el Santo Rosario y realizaron un par de cantatas que transmitieron a través de Facebook.
Dos integrantes del coro y un reportero gráfico fueron sacados del local en días diferentes. Pero, en la madrugada del 19 de agosto, la Policía irrumpió en el edificio y trasladó al obispo y a otras siete personas a Managua, dejando al vicario general, monseñor Óscar Escoto, a cargo del edificio.
Monseñor Álvarez, que no ha sido acusado, cumple dos meses cautivo en su casa en Managua, donde permanece incomunicado y bajo custodia policial. Mientras que los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años; Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; y José Luis Díaz Cruz, de 33; además del diácono Raúl Antonio Vega González, de 27; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19 y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32, están siendo procesados por los mismos delitos imputados también al padre Óscar.
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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las supuestas acciones del padre Óscar “develan el intento de desencadenar un clima de confrontación en la ciudad, tratando (de) crear la figura y mostrarse como víctima de la Policía Nacional, cuando en realidad los agentes del orden cumplen funciones constitucionales e intervienen para prevenir la comisión de delitos graves”.
“Compleja red de enlaces”
El relato del Ministerio Público contra el padre Óscar señala que supuestamente este “ha desplegado de manera directa y abierta toda una campaña desestabilizadora, mediante una compleja red de enlaces establecida en radiodifusoras locales que están al servicio de Rolando Álvarez Lagos, cabecilla de las acciones ilícitas, con las cuales manipulan la información generando noticias falsas y presionan incitando al odio para activar el accionar de grupos delincuenciales con miras a alterar y romper el orden constitucional”.
La Fiscalía aduce también que el sacerdote Benavídez “recibe y ejecuta las instrucciones de Rolando Álvarez Lagos que le han sido encomendadas para redimensionar un supuesto malestar social que ellos mismos crean, enmascarándose en temas sensibles como ayuda social, caridad, promoción de fe, evangelización, derechos humanos, libertad de expresión o democracia, y a base de repeticiones de las mentiras, generar un sentimiento adverso que provoque graves alteraciones al orden público”.
“Todo en busca de un detonante social que les permita manipular la opinión pública percibidas como una insatisfacción en contra del gobierno, en búsqueda de otro estallido social, igual al generado en el año 2018, en el intento fallido de golpe de Estado por el cual ya habían sido amnistiados, sin embargo, insisten en la repetición de esas conductas habituales, ilícitas y violentas”, agrega el escrito.
Sucesos de Sébaco como supuesta prueba
Sin precisar ni individualizar la supuesta participación del padre Óscar, la Fiscalía menciona como “prueba de esta manipulación y desinformación” lo sucedido el 1 de agosto en la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, Matagalpa, “como parte del plan de desestabilización del país en acciones conjuntas, bajo el supuesto activismo religioso”.
La Fiscalía, sin precisar quiénes, dice que “obstruyeron las funciones propias de la Policía…” que estaba “dando aseguramiento a la notificación formal” de funcionarios del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) sobre el cierre de la Radio Católica de Sébaco.
Ese día, y bajo el argumento de que operaban “al margen de la ley”, Telcor notificó el cierre de todas las radios administradas por diferentes Parroquias de la Diócesis de Matagalpa.
Tampoco menciona quién, pero la Fiscalía dice que “pretende victimizarse y querer manipular a los feligreses con su estado emocional y sicológico, haciendo creer a los católicos que están atacando y violentando las instalaciones de los diferentes templos católicos. Publicando fotografías en las redes sociales, asegurando con mentiras, diciendo que ya ocurrió el primer lesionado en ataque al templo católico de Sébaco, atribuyéndolo a la Policía Nacional, lo que es totalmente falso, para enfurecer a la población y ponerla en contra de las autoridades del orden”.
“Propagan la fotografía de una persona lesionada, pero de otro momento, de otro lugar, de un país distinto al nuestro”, refiere la acusación.
Sin embargo, lo que esa noche trascendió en publicaciones de Facebook fue la foto de un hombre lesionado en el ojo derecho y quien al siguiente día fue identificado en una página de los Movimientos eclesiales de Matagalpa como Ronald Lúquez Centeno, coordinador Diocesano de Apóstoles de la palabra, quien tuvo que ser llevado al hospital de La Trinidad, departamento de Estelí, y posteriormente a un hospital en Managua.
La Policía califica como falsa la información sobre el ciudadano herido en los sucesos del 1 de agosto en Sébaco | Captura de FacebookPero, la acusación contra el padre Óscar agrega, sin mencionar quiénes, “publican y lanzan al mundo, apoyados por las grandes transnacionales, fotografías y videos de la destrucción y saqueo de iglesias, usando el mismo terrorismo mediático que utilizaron en 2018. ‘Nicaragua se declara nación sin Dios’, con este mensaje ha comenzado a circular estos días una serie de imágenes de supuestos asaltos a iglesias cristianas en Nicaragua, donde la Policía habría entrado ‘a la fuerza para sacar a quienes estuvieran en oración’. Estas fotografías difundidas no tienen lugar en Nicaragua sino en Chile en la Parroquia de la Asunción y circulan desde noviembre de 2019. Tergiversando y negando el derecho a la información veraz a la que constitucionalmente tiene el pueblo nicaragüense” (sic), sostiene la acusación contra el sacerdote Benavídez.
Imputaciones a sacerdote
A pesar de todo ese cuento, la Fiscalía dice que “dentro de los actos de propagación” de “información falsa y tergiversada” supuestamente realizados por el sacerdote Benavídez, está una publicación del medio Expediente Público “sobre la nefasta sanción por EE. UU. a 23 funcionarios nicaragüenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó de estas sanciones por perseguir y enjuiciar a opositores nicaragüenses”.
La acusación tampoco precisa fecha en la que supuestamente el padre Óscar, durante una misa en la Iglesia de Mulukukú “exhortó a la feligresía a “…que nadie se preste al juego… los ataques a la iglesia católica son parte de la estrategia represiva de la dictadura Ortega Murillo”.
Según la Fiscalía, al sacerdote Benavídez le decomisaron un celular en el que andaba cuatro videos. En uno, sin precisar quién o quiénes son protagonistas, “se expresa” que “el gobierno es basura genocida y está conformado por ladrones y asesinos… ‘(en clara referencia a las autoridades del orden público)’… “.
En un segundo video que el padre Óscar andaba en su celular, según la Fiscalía, “se observa al acusado Harvin Salvador Padilla, frente a un grupo de personas, refiriendo que ‘liberen al padre Amílcar y que no quiere mediación, porque está en la iglesia que es libre, porque aquí no hay régimen que nos pueda encarcelar a como tienen al padre Edwin Román”.
Aunque la Fiscalía se refiere al padre Padilla como “acusado”, en el Sistema en línea de causas en trámite del Poder Judicial no existe aún acusación en contra de este sacerdote, quien en mayo pasado estuvo forzado en un encierro de más de una semana en la Parroquia San juan Bautista de Masaya.
Mientras que en un tercer video “se observa al investigado Rolando Álvarez, quien manifiesta ‘la Iglesia siempre ha visto pasar los féretros de sus perseguidores’”.
Mientras que, en el cuarto video, “se observa una marcha no autorizada por las autoridades, creando el desorden, incitada por el investigado Rolando Álvarez, y compartida por el acusado Óscar Danilo Benavídez Dávila”.
Los testigos
Los testigos ofrecidos para declarar contra el sacerdote Benavídez son una universitaria de 22 años; cuatro hombres de 72, 63, 29 y 50 años; un detective del Departamento Antinarcóticos de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Managua; una suboficial investigadora de Mulukukú, una suboficial investigadora del Departamento Antinarcóticos de Managua y un suboficial como perito informático del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía en Managua.
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