Las defensas de tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, siguen sin acceder a la acusación presentada por la Fiscalía, causando indefensión a los procesados que tendrían que enfrentar un juicio “oral y público” programado tentativamente para el 1 de diciembre próximo.
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Esa fecha dependerá de la agenda del Juzgado de Juicios que designe la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) para la tramitación del juicio en contra de los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años; Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; y José Luis Díaz Cruz, de 33; además del diácono Raúl Antonio Vega González, de 27; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19 y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32.
Todos son procesados por “los supuestos e infundados delitos de conspiración para el menoscabo de la independencia y soberanía en un extraño concurso real de propagación de noticias falsas”, refiere una apelación presentada este lunes 17 de octubre ante Ordice por el abogado José Gerardo González Riega, defensor particular del sacerdote Díaz Cruz, del diácono Vega González y el seminarista Centeno Sequeira.
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La apelación es contra el auto en el que la titular del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Nalia Nadezhda Úbeda Obando, dictó en la audiencia inicial del proceso, realizada el 7 de octubre reciente, declarando sin lugar un incidente de nulidad de la propia audiencia inicial que interpuso González Riega, por considerar que todos los procesados estaban en indefensión, porque ninguno de los abogados había accedido siquiera a la acusación de la Fiscalía.
Del incidente de nulidad de la audiencia inicial por falta de acusación, la juez calificó la petición como una “táctica dilatoria” que atentaría contra el “derecho de resolución pronta y cumplida de las personas hoy procesadas”.
Motivación absurda
Sin embargo, “resulta absurda tal motivación y agravia a mis defendidos, cuando se trata de un proceso en que innecesariamente la Fiscalía ha hecho uso de todos los procedimientos posibles para alargar el proceso: 1) Pidió un tiempo adicional para realizar una investigación complementaria, luego de más de diez días sin formalizar la detención, pero teniendo una efectiva privación de la libertad sobre los mismos; 2) Pidió también, sin apego a las excepciones legales, atendiendo a los tipos penales imputados, se diera al proceso una tramitación compleja, duplicando los términos e imponiendo a mis defendidos prácticamente una ‘sentencia anticipada’ y sin considerar estos pedimentos, verdaderas tácticas dilatorias; sin embargo, respecto de la solicitud de aplazar la audiencia al menos hasta que se tuviera conocimiento por esta defensa, de los términos de la acusación, genera en la Señora Jueza, suspicacia de que se trata de una táctica dilatoria, en perjuicio de los procesados y de la garantía mínima del debido proceso de garantizar a los procesados, mínimamente el derecho a la defensa. Bien pudo la Señora Juez, posponer dos horas la audiencia, garantizando a las defensas acceso a la acusación y a la entrevista privada y libre con los defendidos”, refiere la apelación.
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El escrito agrega que “a la fecha de hoy (17 de octubre), y esto puede constatarlo la Sala Penal de Alzada, pidiendo informe a la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite de que, día a día, individual y colectivamente, las defensas han pedido acceso al expediente y puntualmente de la acusación. Esto supone una grave lesión al derecho a la defensa y así debe ser declarado”.
Resistencia imbatible
También señala que existe “una resistencia imbatible del Despacho Judicial para liberar el expediente para que las defensas puedan consultarlo”.
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Los sacerdotes, diácono, seminaristas y camarógrafo estuvieron con monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en un encierro forzado al cual los sometió la Policía durante 15 días –desde el 4 hasta el 19 de agosto– en la Residencia Episcopal de Matagalpa, hasta que los trasladaron a El Chipote, la tenebrosa cárcel de la Policía en Managua, mientras el obispo era llevado a un ilegal “resguardo domiciliar” en casa de su familia, también en Managua.
Hasta ahora no hay una acusación contra el obispo Álvarez, pero la Policía ha dicho que lo están investigando por intentar “organizar grupos violentos” en el país.
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