Para el 1 de diciembre próximo fue programado provisionalmente el juicio contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, acusados por la Fiscalía en Managua, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua.
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En la audiencia inicial del proceso, realizada el 7 de octubre recién pasado –misma de la que las defensas privadas solicitaron la nulidad– la juez Nalia Nadezhda Úbeda Obando, titular del Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, admitió el intercambio de información y pruebas ofrecido por la Fiscalía, mantuvo la declaratoria de la tramitación compleja del proceso y mantuvo también la prisión preventiva en contra de los sacerdotes, diácono, seminaristas y laico matagalpinos.
Los acusados son los sacerdotes Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, de 50 años; Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35; y José Luis Díaz Cruz, de 33; además del diácono Raúl Antonio Vega González, de 27; los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza, de 19 y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23; y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores, de 32, quienes llevan más de dos meses y una semana en cautiverio.
Ellos estuvieron con monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en un encierro forzado al cual los sometió la Policía durante 15 días –desde el 4 hasta el 19 de agosto– en la Residencia Episcopal de Matagalpa, hasta que los trasladaron a El Chipote, la tenebrosa cárcel de la Policía en Managua, mientras el obispo era llevado a un ilegal “resguardo domiciliar” en casa de su familia, también en Managua.
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Hasta ahora no hay una acusación contra el obispo Álvarez, pero la Policía ha dicho que lo están investigando por intentar “organizar grupos violentos” en el país.
Los abogados Nohemí Guerrero Castrillo, en representación de los sacerdotes Tijerino y Eugarrios; Aura Estela Alarcón, representando al camarógrafo Cárdenas; José Gerardo González, representando al seminarista Centeno, al diácono Vega y al sacerdote Díaz; así como Norvin Cruz, representando al seminarista Leiva, coincidieron interponiendo excepciones e incidentes para contrarrestar una serie de violaciones a las garantías constituciones hacia sus representados, incluyendo circunstancias de detención ilegal y la sustracción de juez natural.
Todos coincidieron en que ni siquiera tuvieron acceso a la acusación, por lo que pidieron la nulidad de la propia audiencia inicial.
Sin embargo, la Juez Obando rechazó y declaró sin lugar los incidentes y excepciones planteadas por las defensas que también coincidieron al pedir que ella se declarara incompetente de conocer el caso por razones de territorio, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en Matagalpa.
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De la nulidad de la audiencia inicial por falta de acusación, la juez calificó la petición como una “táctica dilatoria” que atentaría contra el “derecho de resolución pronta y cumplida de las personas hoy procesadas”.
Además del cautiverio al que fueron forzados desde el 4 de agosto, coincidieron los defensores, el 19 de agosto la Policía ejecutó un allanamiento ilegal porque fue de madrugada, fuera del horario legal comprendido entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Aunque se los llevaron ese día a Managua, las actas de detención tienen fecha de 20 de agosto. Pero, la juez Obando consideró que nada ilegal hubo.
Los abogados también coincidieron interponiendo incidentes contra la tramitación compleja del proceso –que amplía hasta 12 meses la medida de prisión preventiva– por considerar que es incompatible con los hechos imputados a los sacerdotes, diácono, seminaristas y laico.
También pidieron el cambio de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, proponiendo fianzas personales y ofreciendo la presentación periódica, pero también eso lo rechazó la juez Obando.
Alarcón, defensora de Cárdenas, también alegó una eximente de responsabilidad por trabajo, indicando que este solo realizaba sus tareas como camarógrafo. La juez resolvió que debe ser acreditado en juicio el “límite, dolo y conciencia entre el ejercicio de un derecho y la veracidad de la información producida y reproducida que según la teoría fáctica son de interés del derecho penal”.
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Entre sus alegatos, el abogado Cruz, defensor del seminarista Leiva Mendoza, señaló que en la causa ni siquiera existe delito, porque la Fiscalía tampoco establece cuál es el bien jurídico afectado.
Mientras que el abogado González consideró que para que el supuesto menoscabo a la integridad nacional “implica que alguien haya declarado (a) Matagalpa como independiente, la segunda es anexionista o afectar su naturaleza de Estado independiente”.
La abogada Guerrero pidió a la juez que permita que sus representados puedan ser visitados y en el caso particular del padre Tijerino, señaló que este tiene enfermedades crónicas y solicitó que sea valorado en el Instituto de Medina Legal (IML). También pidió que les permitan el ingreso de colchas, material de lectura y lentes.
El abogado de Leiva también pidió que este sea valorado en el IML, así como el ingreso de lentes y “una Biblia, esta es su refugio”.
De esas peticiones, la juez solo dijo que la Policía debe garantizar atención médica a los procesados en el hospital Carlos Huembes en Managua.
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