Este lunes 3 de octubre se cumplen siete años desde que miles de pobladores de Rancho Grande se congregaron para peregrinar junto al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil, y decirle “No a la minería”, doblando el brazo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Sucedió en la víspera del día de San Francisco de Asís, patrono del medioambiente, y fue una “peregrinación a favor de la vida y del cuido del medioambiente” que se extendió a lo largo de 4 kilómetros, desde la comunidad El Comején, en la entrada del municipio, hasta la iglesia en el centro de Rancho Grande, donde se celebró una misa en la que participaron todos los sacerdotes del departamento de Matagalpa.
Ese mismo día, el oficialismo realizó una “contra marcha”, y aun con todos los recursos estatales y llevando gente de todas partes, se quedaron “cortos”.
Días después, Murillo anunció que el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) declaró “no viable” el proyecto de explotación de mina a cielo abierto, Tajo Pavón, en ese municipio.
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Sin embargo, el gobierno ha incumplido su propio acuerdo y, con la criminalización de los derechos ciudadanos y las libertades públicas, el obispo Álvarez está por cumplir dos meses cautivo, mientras que hay más de 200 presos políticos, por lo que es impensable que el pueblo pueda reclamar su derecho a respirar aire puro en su municipio que por tradición ha sido eminentemente agrícola y ganadero.
El 13 de mayo de 2022, día en que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima, el obispo recordó que Rancho Grande no quiere la minería y que, aunque obtuvieron un triunfo en 2015, se irrespetó el acuerdo ministerial y hay explotación minera en el municipio.
“Actualmente se está cometiendo un crimen contra la naturaleza en el Cerro Pavón, se está irrespetando al cerro de Rancho Grande, porque con una resolución ministerial se nos dijo que no más minería en Rancho Grande y ahora está la minería en el Cerro Pavón y hoy queremos decir, con un corazón sincero, no queremos minería en Rancho Grande, no más explotación minera en el Cerro Pavón, queremos y necesitamos ese pulmón para que se siga respirando aire puro y limpio, y que se respete al pueblo que quiere vivir en armonía con la naturaleza y que no se nos engañe, o se nos trate como personas de segunda mano, que se repete al campesinado, porque al campesino se le respeta”, dijo el obispo en su homilía del 13 de mayo.
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Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, quien acompañó a los campesinos de Rancho Grande en su lucha contra la minería, indica que esta es una de las luchas más relevante en la última década en Nicaragua, porque se unieron todos los sectores e incluso algunos con formas de pensar muy distintas.
“Hubo un acompañamiento de diferentes organizaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones ambientales, organizaciones de derechos humanos, por primera vez pude ver un consenso muy fuerte entre sectores que parecieran irreconciliables, en ese contexto pude ver unidos al movimiento de mujeres y la Iglesia, se unieron contra la minería, logrando doblarle el brazo a Ortega, aunque posteriormente, con otro tipo de acciones y tretas, lograron meter la minería, en una versión distinta, pero siempre nociva”, dijo Arce.
En el municipio de Rancho Grande habían organizado varias marchas contra la minería, pero la del 3 de octubre de 2015 fue sin precedentes. Fue llamada “Peregrinación a favor de la vida y el medioambiente” y, aunque no hay cálculos exactos de la participación de la población, hay quienes se atrevieron a decir que más de 20,000 personas acudieron ese día.
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Después de la multitudinaria caminata convocada por la Iglesia Católica y a la que se sumaron sectores evangélicos, en la víspera del Día de San Francisco de Asís, el orteguismo realizó una contra marcha festejando al santo y pidiéndole lluvias y “buenas cosechas.
En aquella ocasión el obispo Álvarez calificó la contra marcha orteguista como “una idea poco feliz y contradictoria”, por cuanto “la nuestra es de fe y la de ellos es totalmente política, claramente contraria a la nuestra”.
Arce indica que si bien la Iglesia jugó un papel importante, el protagonismo fue de la población campesina que en este momento podía salir a marchar, ahora las cosas han cambiado drásticamente y sería impensable que la gente pueda salir a ejercer el derecho ciudadano a la libertad de expresión y la libertad de movilización, en relación a este tema o cualquier otro tema.
“Hoy sería judicializado, en el actual Estado de terror en el que se vive, como Colectivo Nunca + hemos planteado que el régimen implementa acciones de terrorismo de Estado para generar miedo, para paralizar a la población y para lograr la desmovilización de cualquier lucha social”, dijo Arce.
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