La Policía allanó, cambió cerraduras y ocupó este jueves 1 de septiembre, el amplio edificio donde funcionaba el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, organización feminista que calificó la confiscación del inmueble como violencia de Estado.
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Ese edificio de dos plantas, con espacios para atención sicológica, oficinas, biblioteca, entre otros, pertenece desde 2018 a otras personas, refirieron integrantes del Colectivo de Mujeres de Matagalpa en una conferencia de prensa este mismo jueves.
Colectivo de Mujeres sin personería hace un año
Integrantes del Colectivo de Mujeres aseguraron que el edificio estaba cerrado desde el 26 de agosto de 2021, cuando le fue cancelada la personería jurídica a la organización. Además, lamentaron que ahí quedó todo el patrimonio literario que han acumulado en sus 37 años de existencia.
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El abogado Yáder Morazán denunció a través de su cuenta en Twitter, que el allanamiento fue sin ningún proceso legal y reveló que supuestamente el bien inmueble sería traspasado a la delegación de la Fiscalía en Matagalpa.
El pasado 26 de agosto el Colectivo de Mujeres recordaba a través de sus redes sociales que un año atrás “el régimen de Nicaragua quitó el papel de registro al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, después de 37 años de trabajo. ¡Nos querían enterrar y no sabían que somos semillas!”
La organización feminista trabajaba en el departamento de Matagalpa en la defensa de los derechos humanos, en el campo de la salud, prevención de la violencia contra la mujer, desarrollo en procesos organizativos con mujeres, niñez y adolescencia, procesos sobre todo para formar pensamiento crítico y crear espacios de participación ciudadana, proyectos de desarrollo económico en las comunidades entre otros aspectos.
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37 años de trabajo confiscado
En sus 37 años de existencia el Colectivo de Mujeres de Matagalpa hasta hace unos años trabajó proyectos con miembros de la Policía, con la Comisión Ejecutora, con el Ministerio de Salud y otras entidades.
“Este es un allanamiento y despojo más de un bien común, de un bien colectivo. Es una violación más a los derechos humanos y en específico de las mujeres feministas. Este es un acto de violencia de Estado”, dice un comunicado de la organización.
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