En su informe rápido número 6 de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacó la ola de represión contra la Iglesia Católica nicaragüense, así como el cierre de organizaciones de la sociedad civil.
“La Iglesia Católica en Nicaragua vive una nueva ola de represión abierta y violenta de parte del Gobierno, aunque el asedio contra ella, sus clérigos y fieles empezó desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018 y se mantuvo, con periodos de mayor o menor intensidad, a lo largo de estos años”, destaca el informe de la OACNUDH.
Agrega que “desde mayo de 2021, cuando empezaron las detenciones de líderes políticos, empresariales y sociales en el contexto electoral, hasta hoy, las voces críticas y disidentes dentro de Nicaragua han vuelto a ser reprimidas con rigurosidad mediante persecución, exilio y amenaza de represalias. Junto a las pocas voces que aún podían interpelar al Gobierno y denunciar violaciones de derechos humanos quedaron las de los sacerdotes en los diferentes territorios”.
La OACNUDH señala también los ataques de “elementos progubernamentales” contra sacerdotes que también fueron amenazados y difamados a través de los medios y redes sociales, “o inclusive sitiados por la Policía dentro de sus propias parroquias, lo que llevó a varios de ellos a exiliarse en resguardo de su seguridad; sin embargo, solo hasta este año las autoridades decidieron perseguirlos invocando el sistema de justicia, enfocándose, en agosto, en la Diócesis de Matagalpa”.
El informe recoge la irrupción violenta y sin orden judicial de la Policía en la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, Matagalpa, el 1 de agosto, en el contexto del cierre de emisoras católicas por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Asimismo, detalla que el 4 de agosto sucedió la arbitraria retención del obispo de la Diócesis, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, así como 5 sacerdotes, dos seminaristas y 4 laicos, quienes “están retenidos por más de una semana con masiva custodia policial y control de drones” en la Residencia Episcopal de Matagalpa.
De los 4 laicos, la Policía permitió que una joven corista saliera del edificio el fin de semana reciente.
“El encierro forzoso de estas personas en la Curia Episcopal podría constituir un arresto domiciliario de facto, arbitrario e ilegal”, señala la OACNUDH.
“De acuerdo a lo observado por OACNUDH, los hechos de asedio descritos constituirían una violación de la libertad de expresión, derecho que protege, incluso, a los discursos que se interpreten como adversos a un Gobierno. También el cierre de medios de comunicación, para evitar la difusión de ideas con las que éste no comulgue, constituiría una violación de esta libertad”, refiere el documento.
Agrega que: “de mismo modo, se estaría violando la libertad de religión, que obliga a las autoridades a permitir actividades como el culto y las celebraciones religiosas, que actualmente estarían siendo obstaculizadas por la policía; así como la libertad de los fieles de escoger a sus dirigentes religiosos y sacerdotes, que estaría siendo violada al ser obligados varios de éstos a salir al exilio. En cuanto a la libertad individual y la libertad de circulación, éstas no pueden ser restringidas sino es de conformidad con los procedimientos y formalidades legales. La privación de libertad, aunque sea domiciliaria, no corresponde como una respuesta estatal frente al legítimo ejercicio de las libertades de expresión y religión. Obrar al contrario de este estándar constituye detención arbitraria”.
El informe también destaca que Nicaragua, a un ritmo acelerado, sigue cancelando la personalidad jurídica a más de mil organizaciones de la sociedad civil.
“De acuerdo a últimos pronunciamientos de Estados, mecanismos y órganos de derechos humanos, el Estado nicaragüense sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. El 12 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que condenó el cierre forzoso de las organizaciones no gubernamentales y el acoso y restricciones arbitrarias contra las organizaciones religiosas y contra quienes son críticos del Gobierno”, cierra el informe de OACNUDH.
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