
Hace tres años, siete miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tuvieron que exiliarse en Costa Rica, debido a la persecución del gobierno de Nicaragua, sin embargo, lograron constituirse como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + para continuar con el trabajo de documentar las violaciones a los Derechos Humanos que han ido en aumento después del 2018.
Para el defensor Juan Carlos Arce, miembro del colectivo, seguir defendiendo derechos ya es un logro, aunque no ha sido tarea fácil en estos tres años. “Continuar con la defensa de los Derechos Humanos en sí mismo es un logro, es lo que celebramos, son tres años de aguante frente a una brutal represión que no tiene precedentes en la historia de Nicaragua”, sostiene.
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Arce destacó que el Colectivo se ha convertido en una orgnización de referencia en Costa Rica y también en Nicaragua a pesar de que no están físicamente en el territorio ya que cuentan con la confianza de la gente. “Eso para nosotros es un logro muy importante, nosotros contamos con la confianza de las víctimas, pero también con la confianza de diversos actores internacionales, como el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia de la Alta Comisionada, con el cual tenemos una relación de colaboración, como Amnistía Internacional, como el Instituto de Raza e igualdad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, es decir diferentes orgnizaciones internacionles que confían en nosotros”.
Por su parte Yader Valdivia también defensor del Colectivo, señala que el objetivo principal del organismo es documentar la memoria histórica de Nicaragua para que este sea un aporte en futuros procesos de justicia. Agrega que se están enfocando en documentar principalmente los casos de tortura y en conmemoración del tercer anversario han presentado un informe en el que documentan 130 casos de torturas cometidos en centros de detención clandestinos, en sistemas penitenciarios y en estaciones de policías en Nicaragua.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + fue constituido legalmente el 30 de abril 2019. Valdivia explica que la persecución a personas defensoras de Derechos Humanos ha incrementado con las cancelaciones de personerías jurídicas, la aprobación de leyes represivas, como la Ley de Soberanía, la Ley de Ciberdelitos, que han llevado a criminalizar el derecho de defender derechos, lo cual se puede ver con abogados que están presos por ejercer su derecho a defender.
Para los defensores de Derechos Humanos realizar su trabajo desde el exilio ha sido un desafío, porque actualmente no existe en Nicaragua la posibilidad de visitar sistemas penitenciarios o visitar el lugar donde han ocurrido hechos relevantes como el caso de la Mochila bomba (en Santa María de Pantasma, Jinotega), o el caso de (los hijos de) Elea Valle (en el Caribe Sur). Sin embargo explica que hay mecanismos internacionales que les han permitido seguir con el trabajo.
“Existen mecanismo internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Intermericana de Derechos Humanos y la Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos venido utilizando estos mecanismo, hasta la fecha con el Sistema Intermericano hemos logrado interponer más de 35 medidas cautelares, de las cuales un 75 por ciento ha sido aprobado por la Comisión Interamericana, el resto está en etapa de aprobación, esto significa que se esta haciendo un trabajo de Defensa de Derechos Humanos a nivel internacional”, señala Valdivia.
Dentro del trabajo que han realizado con organismos internacionales, Valdivia indica que han informado al Comité contra la tortura sobre la situación de presos políticos y las personas que han sido víctimas de tortura en Nicaragua.
Valdivia hace un llamado a las personas que están siendo víctimas de violaciones a sus derechos a documentar su caso, llevar una bitácora, porque esa documentación que quizá en este momento no la puede hacer pública, llegará el momento que la pueda exponer. “Ahorita Naciones Unidas aprobó un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, que se van a investigar los casos hasta la fecha y es ahí donde puede aportar con su documentación en el búsqueda de verdad y justicia”.
Valdivia indica que aunque la expertis del Colectivo no es la migración, se han involucrado en apoyar en su trámite migratorio a deplazados nicaragüenses, ese apoyo muchas veces consiste en realizar una apelación ante negativas de refugio.
Matagalpa y Jinotega afectados
Valdivia señala que en la Región de Matagalpa y Jinotega hay 123 casos documentados de presos políticos que fueron víctimas de de “La Operación Limpieza”, personas secuestradas en sus casas o en las calles.
En estos departamentos también se ha cancelado la personería jurídica a organizaciones referentes en la defensa de derechos como el caso del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, despojada de personería jurídica, así como a la Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) que tenía una filial en Jinotega.
Arce recuerda que todavía en 2015 los defensores de Derechos Humanos podían ir a las comunidades y acompañar a las víctimas y recordó que le dio acompañamiento a la familia para poner denuncaia en el caso de la mochila bomba en la comunidad El Portal en Santa María de Pantasma-Jinotega. “Pero ahora eso es impensable, ahora eso se paga con cárcel en el menor de los casos, porque cuidado con la muerte, si andas investigando”.
Para Arce en este momento los nicaragüenses estamos manos arriba, sobre todo en comunidades campesinas, ya que el Estado desapareció de manera funcional cualquier instancia de protección nacional, como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, que no funciona, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, todas ellas instancias de monitoreo y vigilancia y en algunos casos de protección y tampoco existe un Poder Judicial que tutele los derechos.
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“Una de las acciones estratégicas del gobierno ha sido aniquilar a las organizaciones de sociedad civil que acompañaban a las poblaciones más desfavorecidas, más pobres, campesinos, campesinas que desde hace décadas han sido víctimas de abuso. Daniel Ortega ha sido efectivo en desmantelar ese sistema de protección no solo a nivel de sociedad civil sino a nivel institucional, porque hay que recordar que desmanteló las comisarías de la mujer, ha sido efectivo en generar una condición de desproteccion” señaló Arce.
Para Arce lo que queda es la denuncia ante medios de comunicación aunque la mayoría está en el exilio y ante instancias de protección como Naciones Unidas. “Lo que queda es seguir resistiendo, seguir documentando las violaciones de Derechos Humanos que se están cometiendo todos los días y que en algún momento van a ser juzgadas. En este momento no hay las condiciones, pero en su momento van a crearse esas condiciones para poder darle salida a esas demandas de justicia, verdad, de reparación y no repetición que de manera reiterada continúan demandando las víctimas pese a la represión”. recalcó.
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