Aunque está en fase de apelación el proceso judicial que enfrenta Reyna Isabel Hernández Mairena, alcaldesa liberal de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, la sandinista Juez Local Penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, notificó al Consejo Supremo Electoral la sentencia recurrida y en virtud de la cual inhibió del cargo por dos años a la líder del gobierno municipal, multándola además por un monto que supera los cien mil córdobas.
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Jarquín declaró culpable a Hernández de “desobediencia de autoridad, funcionario o empleado público”, porque la alcaldesa supuestamente se habría negado a pagar indemnizaciones laborales a 36 exempleados orteguistas de la Alcaldía de Wiwilí, aunque en la sentencia aparecen, además de la administración de justicia, 38 nombres de “víctimas”.
En la sentencia, dictada a las 11:10 a.m. del 30 de julio recién pasado, Jarquín condenó a Hernández a la pena principal de “inhabilitación especial para ejercer el cargo público como alcaldesa de Wiwilí, por un periodo de dos años que vence el 31 de agosto de 2022.
Asimismo, condenó a la alcaldesa a la pena accesoria de 150 días multa, calculando la sanción en “cien mil cien córdobas, con cien centavos de córdobas” (sic), lo que sería en realidad 100,101 córdobas.
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Esa cifra, según la juez, debe ser depositada en una cuenta bancaria del Sistema Penitenciario, a más tardar 30 días después de que la sentencia quede firme, “para calidad de vida e infraestructura y programas de tratamientos para la población penal”.
Alcaldesa electa en 2017
Los exempleados orteguistas fueron favorecidos por una sentencia, dictada en la vía laboral, por Aida López Henríquez, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, quien ordenó a la Alcaldía de Wiwilí el pago de 16.5 millones de córdobas por liquidaciones laborales, y en virtud de la cual, habían sido embargadas varias cuentas bancarias de la municipalidad.
El municipio de Wiwilí era gobernado por el orteguismo, hasta que Hernández ganó las elecciones municipales de 2017 bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
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La alcaldesa Hernández ha denunciado que antes de asumir el cargo, en enero de 2018, los orteguistas modificaron salarios y el convenio colectivo, mientras algunas propiedades municipales eran traspasadas a otras entidades de gobierno y la Alcaldía quedaba con deudas superiores a cuatro millones de córdobas.
Los hechos de la acusación por desacato, tienen que ver con que la alcaldesa supuestamente ha incumplido con la sentencia dictada por la juez López.
El 3 de julio recién pasado, el Concejo de Wiwilí resolvió, con 14 votos de la bancada del PLC, otorgar a Hernández “el tiempo necesario” para resolver los asuntos legales, por lo que el vicealcalde Manuel Blandón Zamora asumió como “alcalde en funciones”.
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