Aida López Henríquez, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, ordenó un embargo por más de 16.5 millones de córdobas en contra de la Alcaldía de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, para las liquidaciones de al menos 36 exempleados orteguistas de esa municipalidad que ahora administra el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
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El embargo contra la Alcaldía fue notificado el 23 de abril recién pasado, pero sigue sin ser efectivo, confirmó la alcaldesa Reyna Esmeralda Hernández Mairena, apuntando que “eso significa el cierre de la Alcaldía porque ya (con) esa cantidad se están llevando las transferencias, los vehículos y otros bienes de la Alcaldía, aunque no está dicho todo”.
López ordenó el embargo ejecutivo de bienes considerados como “particulares” de la municipalidad, incluyendo la camioneta doble cabina con placa JI 6406, que es la que tiene asignada la alcaldesa Hernández.
Además, ordena el embargo de “bienes particulares” hasta por un monto de 16,538,128.93 córdobas, lo cual incluye “la tercera parte por intereses y costas”.
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La juez también giró oficio al departamento de Registro Vehicular de la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía, a la Dirección General de Ingresos, instituciones financieras y bancarias, así como a una cooperativa tanto en Matagalpa como en Jinotega, para averiguar sobre los bienes pertenecientes a la Alcaldía de Wiwilí, dándoles un plazo de cinco días para informarle.
En la ejecución, la juez ordenó el levantamiento del sigilo bancario para conocer sobre los montos de las cuentas que tenga la municipalidad y giró oficio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para que “retenga las transferencias municipales para gastos corrientes” de la Alcaldía de Wiwilí, para el pago de 36 trabajadores que recibirían montos distintos.
Montos diferentes
Dos fontaneros recibirían las liquidaciones más altas: Marvin Olivas Mercado, por un monto de 1,547,644.96 córdobas, y José Alberto Pravia Navarrete, por 1,354,704.08 córdobas. Mientras que cuatro vigilantes aparecen con montos cercanos al millón de córdobas: Gerónimo Peralta Palacios, recibiría 954,953.81 córdobas; Domingo Iván Tercero Valdivia, 926,832.56 córdobas; Francisco Caraciola Alvarado Amador, 935,144.69 córdobas y Santos Marín Rivera, 937,388.08 córdobas, por citar algunos ejemplos.
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Pero, en la orden del embargo aparece un monto excepcional de solo 5,131 córdobas que es lo que recibiría como liquidación la conserje Mariluz Balladares Rocha.
Según la alcaldesa Hernández, los asesores legales de la Alcaldía están trabajando en el caso, porque a algunos exempleados orteguistas ya les cancelaron. “El año pasado pagamos 700,000 córdobas y para este año el Concejo aprobó (un monto en el Presupuesto Municipal de) 800,000 córdobas, que de estos ya se pagaron varios cheques. Entonces significa que no hemos incumplido”, dijo la funcionaria.
Antes de las elecciones municipales de 2017, la Alcaldía de Wiwilí estaba en manos del orteguismo y era favorecido por las transferencias del MHCP y, según Hernández, “el presupuesto que ellos tenían era de 96 millones de córdobas, pero a nosotros nos vinieron reduciendo hasta que nos dejaron en 736,000 con un poquito allí… qué significa, que no tenemos nada”.
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Debido al bloqueo orteguista al presupuesto, la Alcaldía de Wiwilí ha operado con los recursos propios que en el año 2019 recién pasado fueron de aproximadamente 13,000,000 de córdobas.
Hay proyectos como reparaciones de caminos donde los beneficiaros apoyan con combustible o con alimentos para los operarios de las maquinarias de construcción, para ayudar a la municipalidad.
“Estamos con las uñas y así como nos dejan ahorita vamos a tener que quedar con solo unas dos áreas abiertas, lo que es Cartas de venta, Registro Civil, con lo que podamos, de hecho que no nos vamos a correr, porque el mismo campesinado nos está diciendo ‘no se corran, si se quedan sin nada, por lo menos la comida les vamos a ayudar’, pero vamos a ver hasta adónde llega esta situación”, dijo Hernández.
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