Levis Artola Rugama es originario de San Dionisio, departamento de Matagalpa. Estudiaba derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, pero lo metieron preso durante casi ocho meses, porque en 2018 se involucró en las protestas ciudadanas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Además, lo expulsaron de la universidad.
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Esas protestas comenzaron en abril, cuando el régimen anunció reformas a la Seguridad Social. “El Canciller”, como le dicen a Artola, considera que entonces “existía una apatía generalizada y estigmatización en cuanto a la política nicaragüense, pero en el 2018 muchos desnudaron al régimen que se agazapaba en su discurso de reconciliación…”.
La represión contra los manifestantes en Nicaragua motivó a que más gente se sumara a las protestas. La juventud se unió en rechazo al actuar estatal y en demanda de justicia y democracia. El 19 de abril marcó al país y con esa fecha nominaron uno de los movimientos de la protesta.
Nelly Marily Roque es integrante del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa. Ella, fotógrafa de profesión, se unió a las manifestaciones y considera que “los jóvenes fueron los protagonistas de las protestas de abril. Dejamos las redes sociales, nuestra vida cotidiana, por una lucha colectiva”.
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La generación que un día fue vista como indiferente ante causas sociales, es la que pagó un alto costo por su valentía, en un contexto de represión política. Roque y otros cuatro líderes del M19A fueron secuestrados por paramilitares que les interceptaron en Darío, cuando iban a una reunión en Managua.
Han transcurrido dos años desde que empezó la crisis sociopolítica en Nicaragua. Roque dice que, desde entonces, mucha gente ha perdido, la vida de muchos chavalos cambió, porque muchos no pueden estudiar ni trabajar, unos están en el exilio, entonces su vida ya no es normal, como fue hace dos años. Se perdieron metas y sueños”.
El sacerdote Sadiel Eugarrios Cano, primer vicario de la parroquia San Pedro Apóstol, con sede en la catedral de Matagalpa, atendió diversas situaciones durante las protestas, a veces tratando de mediar y evitar hechos violentos. En ese tiempo, no había sido ordenado sacerdote y advirtió de la valentía juvenil, parafraseando al exobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, al apuntar que “el joven resultó ser la reserva moral del país”.
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“Salió la juventud a expresar todo lo que sentía y de pronto la situación no es la misma en el asunto de seguridad. A partir del 2018 hay más desempleo. Hay persecución y muertes selectivas principalmente de campesinos”, menciona el padre Eugarrios.
La Iglesia católica abrió sus templos para acoger a manifestantes heridos en los actos represivos.
El padre Eugarrios enfatiza en que “a lo largo de dos mil años, la Iglesia siempre va a estar del lado del pueblo, la Iglesia está comprometida con el pueblo. La esperanza es que la Iglesia guiada por el Espíritu Santo guíe a su pueblo en el dolor y en el sufrimiento, aunque vean a la Iglesia como culpable, pero esto es una estrategia de quien no asume sus responsabilidades”.
Mientras tanto, el jurista e historiador matagalpino, Julio Ruiz Quezada, consideró que agudizaron los abusos y han sido incumplidos algunos de los puntos acordados en el Diálogo Nacional, entre estos “la libertad plena de expresión, la libertad de manifestarse públicamente la ciudadanía a como lo autoriza la constitución y todos esos derechos los han negado”.
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Para Ruiz es preocupante que en dos años la crisis social y política en Nicaragua empeore. “Después del Día de las Madres (30 de mayo de 2018), que fue una actitud donde aparentemente policías dispararon indiscriminadamente contra la gente, luego de eso el gobierno represivo ha aumentado su presión sobre los ciudadanos impidiendo lo que les permite la constitución. Las consecuencias es que estos actos han sido denunciados a nivel internacional y como resultado algunos funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos”.
Datos de la crisis en Nicaragua
La represión estatal desatada en abril de 2018 causó más de 328 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 800 personas fueron encarceladas por su involucramiento en las protestas, según el Comité Pro Liberación de Presos políticos.
Más de 80,000 personas tuvieron que exiliarse, según distintas organizaciones defensoras de derechos humanos
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