Luego de que el gobierno de Nicaragua excarcelara a 91 presos por razones políticas antes de concluir el año 2019, varios de ellos han denunciado una campaña de acoso y asedio constante orquestada por supuestos paramilitares y simpatizantes sandinistas.
La estudiante de medicina Amaya Coppens, quien por segunda ocasión fue detenida y puesta en libertad por la Policía Nacional, denunció el acoso que viven ella y su familia a través del asedio constante de paramilitares, disparos al aire cerca de su vivienda, además del ataque con pintas y piedras contra su casa.
“Han sido todas las noches los ataques a la vivienda. Han habido disparos al aire, morterazos, nos han lanzado piedras a las ventanas, nos rompieron varios vidrios, y aceite que nos habían tirado y otra vez más aceite. Este actuar de paramilitares es con el acuerdo y la protección de la policía orteguista”, dijo la estudiante quien también posee nacionalidad belga.
El acoso, además de provocar el desplazamiento de los autoconvocados, causa un daño en las familias de ellos. La familia de Amaya Coppens, por ejemplo, tiene días que no puede conciliar el sueño con tranquilidad. “Para nosotros hay un agotamiento tanto físico como mental por tantos ataques seguidos. Y ya sabemos que eso es lo que quieren hacer”, denuncia la líder estudiantil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección especial a Amaya Coppens y a otras 15 personas que fueron detenidas mientras pretendían acercar ayuda humanitaria a familiares de presos políticos en huelga de hambre.
El caso de Coppens no es aislado de la denuncia de otros excarcelados y activistas sociales como el doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense y la activista feminista Reyna Rodríguez, quienes también han hecho pública su denuncia sobre el acoso efectuado por agentes de la Policia Nacional.
Sin embargo, Cairo Amador integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, negó conocer estos casos.
“No hemos recibido ningún tipo de información referida a los presos liberados los últimos días de diciembre en el sentido de que estén sujetos a acoso o amenazas”, manifestó Amador a la Voz de América.
Según datos de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, debido al asedio, en los últimos tres meses, al menos siete familias completas de excarcelados han tenido que mudarse de sus viviendas.
“Nosotros creamos una comisión para llevar el registro de las incidencias de acoso y sabemos que desde octubre se han movilizado siete familias completas y, a nivel personal, en los últimos dos meses, 10 personas excarceladas se han tenido que mudar de sus casas por el acoso”, dijo Ana Patricia Moraga, quien actualmente es vocera de esa organización.
Fuente: Voz de América
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