Al menos seis detenidos en El Cuá, Jinotega

Mosaico CSI
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El miedo se impone en los hogares, tras los represivos operativos de la Policía Nacional, en busca de jóvenes que han permanecido en las barricadas. LA PRENSA/E. LÓPEZ
Represión
El miedo se impone en los hogares, tras los represivos operativos de la Policía Nacional, en busca de jóvenes que han permanecido en las barricadas. LA PRENSA/E. LÓPEZ

Al menos seis hombres fueron golpeados y detenidos por la Policía, acompañada de paramilitares, la madrugada del martes en la comunidad Valle Los Condega, en las faldas de la Reserva Natural Macizo Kilambé, jurisdicción del municipio jinotegano El Cuá, presuntamente porque habrían participado en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.

Los detenidos fueron identificados preliminarmente como Alejandro Flores Valdivia, Denis Cano, Rubén Chavarría, Alejandro López, Magdiel Palacios y Wilfredo López, todos habitantes del Valle Los Condega. Estos secuestros ocurren cuando el régimen ha intensificado la represión.

La persecución, asedio y detenciones de los críticos y opositores a Ortega son denunciados todos los días y en todo el país. La Policía hasta ahora no ha dado una versión oficial sobre el caso y ayer solo dijeron que habían detenido a 25 personas en Managua en la última semana, vinculadas a delitos comunes.

Testigo: violencia y robo

Luz Adilia Chavarría Hernández, esposa del detenido Alejandro Flores Valdivia, contó a LA PRENSA vía telefónica que su parcela fue invadida a las 4:00 a.m. por cuatro policías armados, con uniformes negros, quienes entraron a su casa, patearon a su esposo, sacaron de la cama a sus cinco hijos (15, 13, 11, 9 y 5 años), registraron todo el lugar y se robaron una computadora, un equipo de sonido y la pistola de su esposo.

A “los niños los levantaron y toditos los colchones los tumbaron, la ropa, los roperos, todito lo revolvieron”, dijo Chavarría.

Los policías llegaron acusando a Flores Valdivia de haber participado en el tranque de El Cuá y de ser asesino, contó Chavarría.

Víctima es agricultor

Flores Valdivia es agricultor, cosecha café en sus tierras. Los diez hombres que trabajan para él fueron obligados por la Policía a salir desnudos de sus aposentos. Los sentaron a punta de armas en el corredor de la casa, pero no fueron detenidos.

Los policías obligaron al hijo mayor (15 años) de Chavarría a que los llevara a la casa de su tío Rubén Chavarría, a quien también golpearon y detuvieron junto a uno de sus mozos.

Las casas vecinas en Valle Los Condega están a una distancia de media hora a pie y el terreno es inaccesible para los automóviles, por eso los policías entraron a pie por veredas.

Después que se llevaron a su esposo, Chavarría recibió la noticia de que esto mismo había ocurrido en al menos cinco parcelas vecinas.

Los familiares de los detenidos fueron a pedir información a la unidad municipal de la Policía en El Cuá, pero ahí les dijeron que no podrían darles explicaciones porque se trataba supuestamente de una orden del jefe departamental de la Policía en Jinotega, comisionado general Marvin Castro.

La esposa de Flores Valdivia supo que serán traslados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, mejor conocida como El Chipote.

Crisis en el país

La intensificación de la represión es parte de la realidad que viven las personas que participaron en las protestas que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.

Incluso hay personas detenidas por ondear la bandera nacional azul y blanco o tirar globos de esos mismos colores, los cuales identifican a los ciudadanos críticos del régimen. Más de 270 personas han sido detenidas por participar en las protestas. El régimen orteguista ha reconocido que hay 273 presos desde abril en ese contexto, pero los acusa de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y de participar en un intento de golpe de Estado.

La represión ha sido ejecutada, desde abril, por policías y paramilitares, lo que ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril según organismos de derechos humanos.

El régimen orteguista ha acusado a los detenidos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros delitos, y la Fiscalía pide condenas superiores a los treinta años, la máxima en el sistema.

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