Cristóbal Rivera Alaniz, también conocido como Cristopher Brust Rivera Alaniz, quien cumplirá 33 años este 24 de diciembre, debe permanecer preso y enfrentar un juicio en febrero de 2019 en Matagalpa, por estafa agravada en perjuicio de ocho hombres a quienes habría engañado para despojarles de casi 400,000 córdobas y más de diez mil dólares en efectivo.
Rivera fingió ser ejecutivo de una empresa que denominaba Grupo Lactosa S.A., con supuesta sede en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, para estafar a las víctimas originarias del departamento de Río San Juan. Varias de las acciones para completar la estafa, las habría cometido en los departamentos de Managua, Boaco y Matagalpa, por lo que fue acusado en los tribunales de este último.
Aunque la defensa de Rivera promovió una excepción por falta de competencia jurisdiccional, la titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias en Matagalpa, Maribel Parrilla, se declaró competente para conocer del proceso y admitió el intercambio de información y pruebas ofrecido por el fiscal auxiliar Dimas Cerna Lira y remitió la causa a juicio, programándolo para el 6 de febrero de 2019.
Los afectados fueron Erling Josué Olivas Hernández, de 22 años; Jefrin Javier Vega Orozco, de 23; Wilfredo Antonio Uriarte Benavidez, de 31; Jorlin Eliel Olivas Hernández, de 20; Sergio Orozco Zeas, de 25; Jairo René Olivas Hernández, de 27; Walter Júnior Miranda Castellano, de 26 y Alexander Antonio Reyes Vega, de 18; residentes en comunidades de los municipios de San Carlos y San Miguelito en Río San Juan.
Contacto por redes sociales
La extensa acusación de la Fiscalía detalla que Rivera, a través de la red social Facebook, “atrajo la atención” de Erling Josué Olivas Hernández, quien “tenía el deseo de viajar a buscar empleo en Estados Unidos”, y el 20 de mayo de este año se contactaron por primera vez.
Rivera habría dicho que una tía suya, a la que identificó como Estefany Rivera, supuestamente era subgerente de la empresa láctea y que había llegado a Nicaragua a buscar a 20 personas que quisieran viajar para trabajar con esa compañía.
Según la Fiscalía, el 28 de julio, el acusado llegó a la casa de Erling en la comarca Nueva Armenia El Paraíso, en San Carlos, Río San Juan para hacer los arreglos del viaje. Ahí estaba también Jefrin Javier Vega, interesado en la oferta laboral por la que supuestamente ganarían 16 dólares por hora y con posibilidades de ganar hasta 21 dólares por hora.
Pero, tenían que hacer trámites y pagar para obtener diversos documentos, incluyendo pasaportes y récords policiales. Eso les costaría 3,020 dólares que solo Rivera, como “responsable del grupo”, podía depositar en una cuenta bancaria.
El 30 de julio, Rivera llevó a Erling y Jefrin a Managua. Estos llevan cuatro mil dólares y otra cantidad indeterminada para pagar diversos trámites que el acusado les había indicado como requisitos, pidiéndoles después el dinero que supuestamente depositaría en una sucursal bancaria en un centro comercial.
Los afectados pidieron el recibo de depósito, pero Rivera dijo que se los entregaría una vez que pasaran una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Managua.
Alquiló camioneta por casi dos meses
Para “darle mayor credibilidad a su gestión”, Rivera alquiló una camioneta doble cabina, con placa M 261453, en la que se movilizó después por diversos puntos del país y por la que pagó 350 dólares semanales por casi dos meses, período en el que Jaime González anduvo como su conductor.
El 8 de agosto, Rivera llamó a Jefrin, diciéndole que debía buscar a cinco personas más para poder viajar y así se fueron sumando los otros afectados, cuyas familias tuvieron que vender ganado y usar ahorros para pagar los supuestos costos del viaje.
Supuestas entrevistas en Embajada
Entre el 18 y el 22 de agosto, algunas de las víctimas entregaron dinero a Rivera en la ciudad de Matagalpa, donde este reside. Incluso, el 23 de agosto, según la acusación, dijo a los ocho afectados que al día siguiente serían las “entrevistas de trabajo” en la Embajada de Estados Unidos y que el 25 de agosto viajarían a ese país.
Pero, el mismo 23 de agosto, los ocho afectados se fueron a hospedar a un hotel en Camoapa, Boaco, adonde Rivera llegó a las 6:00 p.m., diciéndoles que la entrevista había sido pospuesta para el 31 de agosto y que el vuelo sería a las 12:59 p.m. del 1 de septiembre.
El 30 de agosto, Rivera llamó telefónicamente a Erling, indicándole que recogiera los 8 pasaportes porque “ya estaba todo listo para el viaje”, refiere la acusación, añadiendo que Erling y Sergio Orozco viajaron en moto desde San Carlos hasta Camoapa, para llevar esos documentos al acusado, quien les comunicó que la entrevista la habían pospuesto para el 10 de septiembre y que debían pagar 30 dólares cada uno en la Embajada de Estados Unidos.
Los ocho acusados se fueron a Managua el 9 de septiembre para asistir temprano a las supuestas entrevistas. Esa noche, Rivera les llamó orientándoles todo lo que debían decir. Sin embargo, él tenía los pasaportes y el 10 de septiembre, a las 6:30 a.m. los llamó de nuevo para decirles que lo esperaran y que mientras tanto ninguno fuera a la Embajada.
Media hora después los llamó para decirles que la Policía en Sébaco, Matagalpa, le había quitado los pasaportes y que lo estaban investigando; que lo esperaran en el mercado El Mayoreo, porque su tía, con llamadas desde Estados Unidos, “resolvería” el problema.
Descubierto
Cinco de las víctimas se fueron al mercado, pero Sergio, Walter y Alexander fueron a la Embajada de los Estados Unidos a preguntar por las citas y las supuestas entrevistas, pero un funcionario les indicó que “no sabían nada de la empresa Lactosa S.A. y que tampoco tenían ningún tipo de solicitud.
Los afectados se percataron de todos los engaños y planearon que debían retener a Rivera. A las 6:00 p.m. del 10 de septiembre, el hombre los contactó por un mensaje a un grupo que tenían a través de la aplicación WhatsApp, en el que les decía que debían realizar y pagar por un chequeo médico.
Era la oportunidad para retenerlo. Los ocho aceptaron y el 11 de septiembre, Rivera los llamó para decirles que había contactado con una clínica llamada La Esparza y que ahí harían los chequeos por los que solo pagarían 280 dólares. El dinero lo recibiría él.
De manera que los acusados acordaron verse con Rivera el 17 de septiembre en Juigalpa, Chontales, pero avisaron a la Policía de esa localidad que logró la detención del hombre.
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