La madre de una adolescente de 16 años y de un niño de 12, y a su vez esposa de uno de los seis muertos el domingo pasado durante una operación militar registrada en la comunidad de San Pablo 22, municipio de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, demandó a las autoridades que le permitan darles cristiana sepultura.
Mientras el obispo de la Diócesis de Estelí y vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Abelardo Mata, fustigó la actuación del Ejército de Nicaragua. En tanto el vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, siguió ignorando la solicitud de LA PRENSA de brindar la versión oficial al respecto.
El lunes 13 de noviembre esa institución castrense aseguró que los seis fallecidos en un enfrentamiento con tropas del Sexto Comando Militar Regional eran “elementos delincuenciales”, lo que le contradice Lea Valle Aguirre, esposa de Francisco Pérez Dávila, cuyo seudónimo era el Cachorrito y además es cuñada del señalado como el cabecilla del grupo, identificado como Rafael Pérez Dávila, comandante Colocho.
Valle, en declaraciones a LA PRENSA, acepta que los hermanos Pérez estaban alzados en armas con fines políticos. No obstante, sostiene que en el sitio murieron sus hijos Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, quienes el viernes 10 de noviembre habían salido para encontrarse con su padre a quien llevaban tiempo sin verle.
Valle sostuvo que su esposo se unió al grupo liderado por su hermano Rafael cansado de la persecución que les hacían los militares, luego que el comandante Colocho se había unido al grupo de Enrique Aguinaga, conocido como comandante Invisible.
Esta información coincide con lo que conocía monseñor Mata que se trataba de un remanente del grupo liderado por Invisible, quien murió en un aparente choque con tropas del Ejército de Nicaragua en abril del año pasado, en Palancito, Río Blanco, pero que en su momento la familia aseguró que este fue ejecutado.
Desgarrador relato
La mujer relata que con ayuda de amigos ella llegó al lugar casi en la noche del domingo (12 de noviembre), los cuerpos ya los habían lanzado a una fosa común que calcula de unas “cinco cuartas” de profundidad donde dice que estaban “zumbados (lanzados) como animales”.
El Ejército los entregó a unas personas del lugar. “A mi niño dicen que lo agarraron, lo que tengo por conocimiento es que la gente oía los lamentos, dicen que al niño cuando lo agarraron le apuñalaron los costados, un bracito, la mano izquierda; se miraban las grandes puñaladas en los costaditos, mire, le pusieron dos balazos en el pechito, mire qué grosería”, expresó la denunciante.
“Mi pobre viejito (su esposo) los sesos no los tenía, solo el hueco de la cabeza, si es el otro también pasconeado, los quemaron; ahí presentan las quemaduras (…) es que no entiendo a esa gente que por qué hace tantas groserías, yo no me explico que no se conforman con matarlos”, señaló Valle.
La denunciante menciona que el cuerpo de su cuñado presentaba quemaduras en la cara, el pecho y los brazos. “A mi niña dicen que todo el día le pasaron haciendo groserías, la violaron, la colgaron, la pobrecita desnucada me la dejaron”, afirmó Valle.
Para monseñor Mata, el mensaje que envía el Gobierno con la masacre de San Pablo “es de inhumanidad y de miedo”. Al tiempo que cuestiona “¿por qué motivos enterrar tan rápido, por qué motivos no esclarecer más las cosas, por qué motivos actuar con la violencia si ya tengo sometido al delincuente?”
“Es ciertamente parte de una debilidad de un sistema de gobierno que no se apoya en la ley y por lo tanto se apoya en la fuerza y se apoya en la fuerza, porque es débil”, dijo Mata.
Fuerte crítica del obispo Mata
“¿Por qué está ocurriendo este fenómeno en el campo? ¿Por qué no se le pone atención? ¿Por qué con la sordina? Porque con la violencia y también a través de la misma fuerza armada se quiere sofocar lo que en el fondo es un grito de liberación que está el pueblo campesino elevando a la luz de toda la República”, cuestionó el obispo Mata.
De lo poco que conoció Valle en el sitio del hecho sangriento, relata que el grupo fue sorprendido por las tropas militares cuando aparentemente llegaron a la casa donde estaban las seis víctimas al recibir “una invitación especial”. Pero nadie sabe identificar quién los invitó.
Al lugar donde acudieron venden licor y hacen fiesta, pero algunos le afirmaron a Valle que ese día no escucharon celebración. Sin embargo, dice la mujer que la mayoría evitó hacer comentarios porque le explicaron que tienen temor a represalias. “Tenemos miedo porque si se da cuenta el Ejército nos viene a terminar también”, aseguró Valle que le dijeron.
Demanda justicia
Lea Valle Aguirre demandó justicia por la muerte de sus hijos. “Esto es injusto (…) son unos niños, eso es una grosería”, afirmó Valle quien también demandó a los organismos de derechos humanos que la acompañen a buscar justicia y también para que ella pueda conseguir que las autoridades le permitan sacar los cuerpos de sus hijos de esa fosa común y pueda darles cristiana sepultura. A su vez Valle solicita ayuda para conseguir los ataúdes, pues carece de recursos y aún le quedan tres niños pequeños, uno de ellos con problemas de salud.
Puede aumentar la violencia
Monseñor Abelardo Mata advirtió que hechos como el ocurrido en San Pablo 22, pueden incrementar la violencia en el campo y las acciones de las autoridades empujan a la gente a tomar las armas.
“Están empujando al acto desesperado, por desgracia es lo que uno ve aquí; al haber una irracionalidad empuja a otra irracionalidad y (…) empieza a subir la ley del talión: ojo por ojo diente por diente”, sostuvo el obispo de Estelí.
No obstante, el religioso recordó que quienes deciden tomar las armas “es un acto suicida porque ciertamente no estamos en los años ochenta donde había todo un estrato social que apoyaba a estos movimientos”.
Mata aseguró que este tipo de hechos mantienen en zozobra a la gente de estos territorios. A la vez que va creciendo “una animadversión a la autoridad porque ya no se confía en la autoridad y en la persona que lleva el arma, porque saben que no está en defensa del bien común, de la seguridad de la ciudadanía; sino que más bien son otros delincuentes que tienen permiso de llevar armas”.
6 fueron los muertos, según el Ejército, durante un choque armado con “elementos delincuenciales”. Pero la madre de dos de ellos asegura que entre los muertos estaban sus hijos que eran una adolescente de 16 años y un niño de 12.
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