En una fosa común, en un potrero cerca del río El 22, fueron sepultados este lunes los cuerpos de los seis fallecidos en un tiroteo con el Ejército en la comunidad de San Pablo, de la microrregión IV del municipio La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, y según el jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Antonio Paniagua, el operativo fue desarrollado tras múltiples denuncias de productores por supuestos desmanes cometidos por los integrantes del grupo.
“El Ejército nos compromete a todos diciendo que fue por denuncias que los agarran, ¿cómo quedamos nosotros que estamos en la zona?”, dijo un poblador del lugar.
Sin embargo, Paniagua afirmó que “en esas comunidades el estado de opinión es bueno, todos los productores de esa zona están contentos porque ya ellos dicen que van a descansar que no les estén violando a sus mujeres, que no les estén pidiendo más dinero”.
El grupo estaba liderado por Rafael Dávila, alias “comandante Colocho”, uno de los fallecidos, que las autoridades califican como delincuente, pero que se declaraba alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.
LA PRENSA consultó a Paniagua si descartan la posibilidad de que se trate de un grupo armado con fines políticos, pero por respuesta dijo: “Estos elementos delincuenciales su modo de operar es ese pues, la marihuana, la comercialización y cultivo de marihuana, más los robos, extorsiones y violaciones”.
La noche del sábado el grupo estuvo en “una casita” donde venden licor y los fines de semana realizan fiestas al amanecer del domingo, cuando se iban por la vega del río El 22, fueron interceptados por los militares, refirió el informante.
De los fallecidos solo el llamado “comandante Colocho” fue reconocido, confió Paniagua. El Ejército le atribuye a ese grupo robos, asesinatos, extorsiones, violaciones de mujeres campesinas, así como cultivo y comercialización de drogas.
Tanto Paniagua como el vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, adujeron que cuentan con varias denuncias en contra del grupo en mención. Sin embargo, ninguno mencionó un caso concreto en contra de estos.
Guevara expresó que el grupo había sido denunciado “en reiteradas ocasiones por productores, trabajadores y pobladores de esos sectores que han sido víctimas de violación, robo, abigeato, extorsión amenazas con armas de fuego entre otros”.
“Claro que existen casos y hay denuncias ante la Policía Nacional”, reiteró Guevara, mientras Paniagua alegó que se reservaban los casos “por cuestiones de seguridad”.
Nueve días de persecución
Al grupo que el coronel Marvin Paniagua califica como “elementos delincuenciales”, los militares les daban seguimiento desde el 3 de noviembre. Y las comunidades afectadas, según la versión oficial, fueron El Gamalote, San Pablo y Betania.
El Ejército le recuperó cuatro fusiles AK, dos escopetas calibres 12 y municiones, así como 20 libras de marihuana. Las armas ocupadas son de uso restringido, explicó el coronel Manuel Guevara, quien recordó que “portarlas constituye un delito”, además la ocupación de marihuana “evidencia sus actividades delictivas”.
“Al respecto de estos delincuentes, allá el medio de comunicación social que quiera darles otro calificativo”. Coronel Manuel Guevara, vocero del Ejército de Nicaragua
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