Teódula Ocampo Orozco madrugó más que de costumbre, este martes 7 de noviembre, para alistarse, viajar de San Dionisio a Managua y poder visitar y darle un poco de comida preparada por ella a su hijo Elmer Daniel Pérez Ocampo, detenido desde hace un poco más de una semana en El Chipote, las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
“Era día de visita, pero cuando llegué me dijeron que no podría ver a mi hijo porque lo habían llevado al juzgado de Matagalpa”, lamentó la delgada mujer que lleva más de una semana sin ver a su único hijo.
Pérez Ocampo es uno de los ocho simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que fueron arrestados el 1 y 2 de noviembre recién pasado, como sospechosos de haber participado, un día antes, en una protesta de liberales frente al Consejo Electoral Municipal (CEM) en San Dionisio, la cual terminó en violencia.
Ramón Eduardo Espinoza Castro, de 27 años; Winston Samir Rayo Méndez, de 22; Andrés Orozco Jirón, de 60; Richard Alberto Espinoza, de 25; Modesto Chavarría Sevilla, de 43; Juan Pastor Orellano Flores, de 58 y el hijo adolescente de este último, Bismark Antonio Orellano Sánchez, son los presos entre los acusados por la Fiscalía en Matagalpa.
“Mi hijo no anduvo en el Consejo, él se encontraba en la casa de los abuelitos, entonces pido que me lo regresen para nuestro pueblo porque él no ha hecho nada para que lo anden por otros lados”, señaló Ocampo Orozco, entre lágrimas.
Los ocho presos enfrentaron este 7 de noviembre la audiencia inicial del proceso y la titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias en Matagalpa, María Josefina Vásquez, admitió la acusación presentada por la Fiscalía y programó la audiencia inicial para el 21 de noviembre próximo. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los ya detenidos.
Inmediatamente después de la audiencia, los detenidos fueron llevados nuevamente a El Chipote. Ocampo Orozco no pudo ver a su hijo.
Candidato acusado también
Además de ellos, la Fiscalía acusó al candidato a alcalde por el PLC en San Dionisio, Marcos Antonio Soza Sevilla; así como al presidente municipal de ese partido, José Francisco Orozco Leiva y al representante legal municipal de la misma organización, Marlon Orozco Montoya.
El destituido presidente municipal del CEM en San Dionisio, Roosevelt Matamoros y la también destituida segundo miembro de ese órgano electoral, Leticia del Carmen Altamirano López; también fueron acusados.
Benigno Manzanares, candidato a concejal propietario por el PLC, así como el joven activista Levis Rugama, son los otros acusados que continúan en libertad.
Imputaciones
A los 15 acusados, la Fiscalía les imputa, en calidad de coautores, los delitos de lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, obstrucción de funciones, daño agravado, amenazas y portación ilegal de armas en perjuicio del CEM, del Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional, varios policías lesionados, el primer miembro del CEM, Carlos Dormuz y la conserje de esa dependencia, Marisol Méndez Acosta.
Dormuz tuvo que se ser sustituido en el cargo de primer miembro del CEM por las lesiones que sufrió en la cabeza y que, según la acusación, la habrían provocado Winston Rayo y Ramón Espinoza, al atacarlo con garrotes.
Los daños provocados en persianas, archivadoras, escritorios y una computadora del CEM fueron calculados en 75,450 córdobas, según la acusación.
Mientras que los daños a dos patrullas policiales fueron calculados en un poco más de 28,000 córdobas.
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