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Admitiendo el intercambio de información y pruebas ofrecido por la Fiscalía, la titular del Juzgado Local Único de El Tuma-La Dalia, Rosalpina Obando Orozco, remitió a juicio el proceso contra Thelma Francisca Suárez Olivas y tres familiares de esta, acusados por presunta obstrucción de funciones en perjuicio del capitán de la Policía, Rolando José Ortega.
En la audiencia inicial del proceso, este jueves 27 de abril, Obando accedió a la petición de la defensora pública, Marietta Rivas, y cambió la medida cautelar de prisión preventiva que en la audiencia preliminar había impuesto contra Suárez Olivas, de 40 años y reconocida defensora de los derechos de las mujeres en El Tuma-La Dalia.
Suárez Olivas junto a su pareja Jairo Antonio Gurdián Mendoza, de 27 años, además del cuñado de ella, José Raúl Martínez Paiz, de 38 y el hijo de este, José Ángel Martínez Suárez, de 19, fueron liberados la noche del 26 de abril por el jefe policial de El Tuma-La Dalia, capitán Francisco Mejía, quien los habría llevado hasta sus casas en el poblado de El Tuma.
El mando policial presuntamente justificó ante Suárez Olivas que los metieron presos porque “la orden había bajado de Matagalpa”. Mejía se negó a atender a LA PRENSA en la delegación policial Álvaro Amelio García Mairena de El Tuma-La Dalia.
La acusación
Según la Fiscalía, a las 11:00 a.m. del Viernes Santo, 14 de abril, Gerald Alexander Martínez Suárez —hijo de Suárez Olivas y miembro del Ejército— con una piedra quebró el vidrio delantero de un taxi con placa MT 23379 que en el poblado de El Tuma conducía Lesly Gutiérrez Lara: mientras que Gurdián, usando unos chacos (arma tradicional de las artes marciales asiáticas), habría golpeado la parte trasera del vehículo.
Una patrulla policial conducida por el teniente Leonel Castro y en la que también iban el capitán Ortega y el policía Elías Briones, pasaba por el sitio. Los uniformados intervinieron y esposaron a Gerald; sin embargo, los cuatro acusados pretendieron impedir el arresto “de manera violenta”.
Gurdián presuntamente golpeó con los chacos a Ortega y Briones; mientras que Suárez Olivas se lanzó a sujetar el fusil que portaba Briones, pretendiendo desarmarle; al tiempo que Martínez Paiz jalaba a Gerald y José Ángel, con machete, quería agredir a los uniformados, por lo que Briones realizó disparos preventivos.
Defensora con otra versión
Sin embargo, Suárez Olivas relató que su hijo Gerald caminaba por el sitio y el taxista presuntamente “le echó el carro encima y lo agredió a golpes”, por lo que posteriormente ella sugirió que fueran a la Policía de El Tuma para denunciar la agresión.
“Íbamos llegando a la Policía, cuando en eso venía el taxista con ellos, ya con un plan”, relató la defensora. Agregó que mientras ella le decía a su hijo que se entregara, uno de los policías le asestó una patada y otro la golpeó con el fusil en el costado, por lo que Gurdián intervino y lo golpearon también con el fusil, provocándole una herida que ameritó siete puntadas en la cabeza.
“Cuando veo que le están disparando, entonces pego brinco y le agarro el arma al policía, era la única solución, porque ya había visto cómo mataron a un joven con su hija en brazos en la comunidad”, señaló Suárez Olivas, refiriéndose a la muerte de Cairo Blandón Lemus y su hija de 15 meses, Dayra Junieth Blandón Sánchez, durante un cuestionado operativo policial en la madrugada del 5 de febrero reciente en el barrio San Martín de El Tuma.
Según la versión de Suárez, ella junto a su marido e hijo fueron detenidos y llevados a la estación policial de La Dalia. Más tarde, su cuñado y sobrino llegaron a preguntar por ellos y los dejaron detenidos.
Incomunicada
Mientras se desarrollaba la audiencia inicial contra Thelma Suárez y sus parientes, pobladores de El Tuma y mujeres de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos llegaron al Juzgado Local Único de El Tuma-La Dalia, para respaldarle.
Paz Aráuz, de la Red de Mujeres de Matagalpa, cuestionó los atropellos contra Suárez. “No permitían verla, la llevaron al forense días después, hasta que ya casi no había señales de la agresión, la tenían descalza y solo le permitían alimentación una vez al día”.
La red de defensoras cuestionó que durante las casi dos semanas que estuvo detenida, a Suárez solo le permitieron bañarse una vez.
Aráuz considera que esos atropellos fueron porque a Suárez “la tienen mal vista” por su trabajo como defensora y denunció que situaciones similares enfrentan otras defensoras en el territorio de Matagalpa, principalmente en comunidades rurales.
“Sentimos que hay una persecución contra todas las defensoras en Nicaragua porque buscan la menor excusa para acusarte de cualquier cosa que no has cometido”, dijo Aráuz.
Gloria Morgan, aliada de la Red de Mujeres de Matagalpa, consideró que la acusación contra Suárez debió ser inadmitida por incumplir requisitos, pero también cuestionó que las autoridades, al mantenerla incomunicada, también le negaban el derecho a la defensa.
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