La increíble historia detrás de la mayor masacre carcelaria en Guatemala

El lunes pasado se registró la peor masacre en una cárcel en la historia de Guatemala. El saldo: 14 asesinados en la Granja Penal de Pavón, en las afueras de la ciudad capital. Pero esa no fue la noticia en el país ni en el extranjero. El titular que corrió como llama en pólvora fue que entre los muertos estaba el capitán Byron Lima Oliva, uno de los cuatro sujetos condenados por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, cometida el 26 de abril de 1998—el crimen más sonado de la posguerra, después de la Firma de la Paz en 1996. Otros datos de escándalo: que entre los muertos estaba la modelo argentina Joanna Birriel, que murió a balazos como el capitán, que otro reo fue desmembrado, y otro calcinado.

Hace dos años, Lima Oliva anunció que temía por su vida, y señaló a un responsable en particular, el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, otro ex militar. El capitán siempre coqueteó ante la prensa con promesas de revelar información comprometedora del ministro, pero nunca lo hizo. El presidente de turno en 2014, Otto Pérez Molina, insistió en que había que creer más en un ministro que en la palabra de un reo. Parecía olvidar que, a mediados de los años 90, el capitán fue uno de sus protegidos cuando Pérez Molina dirigió el Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo élite militar que protegió al presidente hasta que fue disuelto hace diez años. Pero además, meses después el ex presidente Pérez Molina fue acusado de corrupción y encercelado, y ese ministro que decía que era digno de confianza también cayó preso acusado de hechos de corrupción, en junio pasado. Ambos ex funcionarios están en una prisión militar para reos VIP donde sus vidas no peligran.

Hace 18 años, cuando explotó la noticia de la muerte del obispo, el EMP funcionaba a unas tres cuadras del lugar de los hechos: el interior de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, en el centro de la capital guatemalteca. Esa noche, un testigo ubicó a Lima Oliva en la escena del crimen, y a Pérez Molina a pocos metros de la misma. La coincidencia: el capitán Lima Oliva durmió esa noche en la sede del EMP, aunque Pérez Molina aseguró que estaba fuera del país: era el delegado de Guatemala ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C. Si los datos eran escandalosos fue porque el crimen lo era aún más: la víctima era un obispo, lo mataron a golpes en la casa parroquial donde vivía, y 48 horas antes había presentado el informe «Guatemala: Nunca más», un informe extraoficial sobre las verdades del conflicto armado interno entre el Ejército y la guerrilla, parte del proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) que Gerardi coordinó.

El informe era extraoficial porque ya existía una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), una comisión de la verdad que publicaría un informe del mismo tema en 1999. La gran diferencia: el informe del REMHI sí incluiría nombres de victimarios, y el de la CEH, no. Entonces, por inercia, el principal sospechoso de matar a Gerardi fue el Ejército. Después de todo, el informe del REMHI le responsabilizaba—por primera vez en la historia—del 91% de los crímenes del conflicto armado.

Testimonio clave

Rubén Chanax, un indigente que pernoctaba frente a la Casa Parroquial, declaró—en calidad de testigo estrella—que observó a Lima Oliva y al sargento Obdulio Villanueva llegar a la escena del crimen, y que le obligaron a ayudarles a mover el cadáver. Chanax dijo que les ayudó y salió de prisa a ocultarse a un costado de la iglesia. Pero también dijo que observó al padre del capitán, el coronel retirado Byron Lima Estrada, vigilar toda la operación desde una tienda a cuadra y media del lugar. En el juicio, también dijo que el coronel Lima Estrada lo contrató para vigilar a Gerardi. Las declaraciones del indigente hundieron a los Lima y Villanueva. Al capitán y su padre los capturaron en enero de 2000, a Villanueva lo detuvieron poco después, y un tribunal les condenó a 30 años de cárcel en junio de 2001. El día cuando escucharon la sentencia, Lima Oliva usó su uniforme militar. Los periodistas le preguntaron por qué. «No sé si nunca podré volver a usarlo», respondió. Y tenía razón.

Los condenaron aunque, en teoría, cuando murió el obispo, Villanueva guardaba prisión a 40 kilómetros de la capital por otro crimen. La fiscalía encontró a un testigo que aseguró que no vio al sargento en su celda, y se asumió que salió de la cárcel. Tampoco valieron las coartadas de los Lima, que situaban al padre en su residencia a unos 9 kilómetros del lugar, y al hijo a escasas tres cuadras en el EMP, donde era uno de los oficiales más destacados.

Un cuarto procesado, Mario Orantes Nájera, un sacerdote y vicepárroco de la misma parroquia donde sirvió Gerardi, fue condenado a 20 años de cárcel por encubrimiento. Nunca logró probar, menos con múltiples contradicciones en su testimonio, que estaba dormido cuando ocurrió el crimen y que nada escuchó.

En 2003, un grupo de pandilleros asesinó a Villanueva y a seis reos más (cuatro de ellos, decapitados) durante un motín en una cárcel preventiva, donde los cuatro condenados por el caso Gerardi guardaban prisión—un mal augurio para Lima Oliva. Una versión no confirmada de otros reos fue que los objetivos eran el capitán y su padre, que ese día estaban fuera del sector de costumbre. Se desconoce si estaban advertidos o fue fortuito.

Dos años después, ocurrió algo desconcertante. Chanax admitió al escritor Francisco Goldman, quien así lo documentó en su libro «Arte del Asesinato Político» (Anagrama, 2009), que desde un principio lo contrataron—no dijo por quién—para desviar la atención del caso y confundir la investigación. Eso explicaba algunas incoherencias: que vio a un sujeto con el torso desnudo salir de la casa parroquial y que su descripción del sujeto, en un retrato hablado que hizo la policía, era totalmente distinto a la descripción de otro testigo que aseguró observar lo mismo: Edwin Iván Aguilar Higueros, alias El Chino Iván, que dormía junto a Chanax frente a la casa parroquial.

Otros testigos indigentes dijeron que un desconocido les regaló cerveza, y que los habían drogado para que no observaran nada. Chanax y El Chino Iván fueron los únicos indigentes en el lugar que no estaban ebrios ni drogados. La noche del crimen, ninguno habló de los Lima ni Villanueva. Fue hasta meses después que Chanax los mencionó a la fiscalía, según dijo, porque tenía miedo. Sin embargo, la evidencia no respaldaba el testimonio de Chanax. Por ejemplo, por la hora a la que un grupo de voluntarios dejó comida para los indigentes frente a la casa parroquial, el momento en que Chanax dice que llegaron Lima Oliva y Villanueva, y que un testigo dice que vio a Lima Oliva volver al EMP esa noche, no habrían tenido tiempo de mover el cadáver ni manipular la escena del crimen como Chanax dice que lo hicieron. Las manchas de sangre en el suelo y el espacio donde yacía el cadáver tampoco coincidían con la posición del cadáver según la versión de Chanax, ni con la forma en que dice que lo movieron. Tampoco era factible que el padre del capitán vigilara la operación desde una tienda a cuadra y media, porque la casa parroquial no es visible desde el lugar.

Otros testigos que dicen haber visto al coronel retirado en el parque no fueron llamados a declarar. Una prima hermana de Lima Oliva que aseguró que escuchó al coronel sugerir que planificaba el crimen, se retractó, presuntamente por amenazas recibidas. La fiscalía, además, descartó el testimonio de El Chino Iván. Años después, Goldman publicó en su libro que Chanax le dijo que El Chino Iván también fue contratado para desviar la atención del caso.

Críate fama

En diciembre de 2012, el sacerdote Orantes salió de la cárcel por cumplir más de la mitad de la pena y por buena conducta. Además, a los Lima, después de varias impugnaciones, les redujeron la condena de 30 a 20 años de cárcel. El coronel también salió libre en 2012, cuando cumplió la mitad de la sentencia, por buena conducta. Lima Oliva lo intentó, pero las autoridades carcelarias aseguraron que no calificaba para el beneficio. Los diplomas que documentaban su participación en cursos y procesos de rehabilitación (factores para comprobar su buena conducta) tenían la firma del padre del capitán, y eso los hacía inválidos.

Para entonces, Lima Oliva también era conocido por otros motivos. Destacó como el mandamás de las cárceles donde estuvo recluído, en un sistema penitenciario donde quienes mandan adentro son los reos. No es difícil. Las cárceles están sobrepobladas casi en un 300%. Desde adentro, los criminales siguen mandando. Y adentro, como afuera, reina el más fuerte. Sobre Lima Oliva pesaban acusaciones como monopolizar todas las actividades ilegales adentro del penal, alquilar las sillas para las visitas, o cualquier tipo de comodidad para los reos. Sin embargo, nunca prosperaron por la vía judicial las acusaciones en su contra por estos delitos. Pero con el correr de los años, este tipo de tropelías sirvieron a la opinión pública para concluir que, si hacía todo eso, se confirmaba cuanto determinó un tribunal de magistrados en Guatemala en 2001: Lima Oliva era co-responsable, directo o indirecto, de la muerte de Gerardi.

El tribunal sentenció al capitán a una condena que lo mantuvo en la cárcel 16 años y medio, hasta el día de su muerte. Lo hizo porque consideró que el testimonio de Chanax tenía la validez necesaria, por sí sólo, para generar una condena y que los Lima actuaron por un móvil político y venganza en nombre del Ejército—venganza por lo que el informe del REMHI señala de los militares. Pero la fiscalía nunca comprobó por qué padre e hijo supuestamente participaron en el crimen. Entre los nombres de victimarios que el REMHI incluye, no aparecen como culpables de crimen alguno el capitán Lima Oliva ni el coronel Lima Estrada, que entre 1983 y 1985 fue jefe de Inteligencia Militar (un cuerpo responsabilizado de desapariciones forzadas durante el conflicto armado). La fiscalía tampoco explicó cómo el móvil político involucró al sacerdote Orantes.

Cuando el río suena…

Para 2012, el caso Gerardi parecía hasta olvidado, más no las constantes denuncias de las actividades ilícitas que enriquecían a Lima Oliva en la cárcel. Lo señalaban de monopolizar cualquier tipo de actividad comercial tras las rejas, según las denuncias extraoficiales. En ese entonces, la prensa local publicó que, entre los negocios del capitán, había una maquila en la que empleaba a varios reos para fabricar ropa para la venta. Según un medio digital, era una cooperativa que Lima Oliva creó con otros reos. Pero esa no era la novedad. Lo insólito era que fabricó ropa promocional (camisetas, remeras) para el Partido Patriota (PP), cuando Pérez Molina estaba en campaña en 2011.

En una entrevista en 2001, Lima Oliva no ocultó su admiración por Pérez Molina. Once años después, pese a que el capitán fue uno de sus oficiales protegidos en el EMP, el presidente optó por guardar distancias.

Las libertades de las que gozaba Lima Oliva causaron un aparente cisma en el Sistema Penintenciario. Hubo varios cambios de directores, pero ningún cambio afectó el status quo del capitán. Al contrario. En 2013, lo sorprendieron regresando a la cárcel en una caravana de camionetas agrícolas, cual funcionario público y resurgieron las sospechas de que al capitán lo protegía alguien fuerte. En esa oportunidad, el ministro López Bonilla declaró que Lima Oliva había abusado de un permiso para una visita al dentista, y por eso le hizo capturar cuando regresaba al penal con varias horas de retraso.

Investigaciones de prensa desnudaron otra realidad: Lima Oliva no tenía una cita médica. Estuvo en un Spa, propiedad de su novia, Alejandra Reyes Ochoa, donde pasaron unas horas juntos. La novia era la hija de un ex director del Sistema Penitenciario. Reyes también fue, coincidentemente, una maquillista que retocó los rostros al binomio presidencial de Pérez Molina y su vice presidenta Roxana Baldetti antes de que participaran en un foro en CNN en 2011 cuando estaban en campaña, según lo reveló El Periódico en 2013, que también publicó una fotografía en la que Reyes aparece posando con Pérez Molina y Baldetti.

El capitán sostuvo que, cuando lo detuvieron, volvía de un chequeo dental, y hasta presentó radiografías y documentos que supuestamente amparaban su visita al dentista, pero fue en vano. Pronto los medios reprodujeron fotografías de las cuentas en redes sociales de la pareja, en las que aparecía su novia aceptando un anillo de compromiso, sentada muy sonriente sobre el regazo del capitán, durante una visita que le hizo en la cárcel. También reprodujeron otras fotografías donde aparecían en la sala de una corte en 2014, esta vez, ella vestida con un enterizo de rea, varias tallas más grande, sin maquillaje, los ojos llorosos, detenida y llamada a declarar mientras se establecía si participaba en las actividades ilícitas del capitán.

Más trapos sucios

Lima Oliva estaba furioso por el escándalo que, según él, se armó por su retorno horas tarde después de su supuesta visita al dentista. Y se desquitó con López Bonilla, de quien sugirió también estaba vinculado a una red de corrupción. Dijo que su familia pagaba por un crimen que no cometió, y siguió con acusaciones más fuertes: «Que recuerde Mauricio [López Bonilla] que en el salón de mi mujer hay 30 cámaras de seguridad y su servidor no es ningún mula», dijo a la prensa. «Y el Partido Patriota, cuidado, porque hay mucha gente vinculada, diputados (…) y fiscales que son tumbadores [de droga] y se valen de ‘transes’ para matar presos». Agregó que temía por su vida. «Tengo miedo de que López Bonilla me mande a matar (…); quieren enviarme a una cárcel de máxima seguridad para que me asesinen«.

Para 2014, el capitán supuestamente había influido en el nombramiento del director de la cárcel donde guardaba prisión, Pavocito, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el país desde 2007.  El MP y la CICIG lo acusaron de lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos, porque Lima cobraba hasta US$12 mil por garantizar el traslado de un reo a otra cárcel. Sin embargo, aunque sí fue procesado por estos hechos, nadie sugirió en voz alta que la protección hacia Lima Oliva podía venir de altos mandos. Pero sí lo trasladarían a otra cárcel: Pavón.

Pérez Molina seguía marcando distancia, urgiendo a la prensa a creer más en la palabra de la CICIG y del Ministro de Gobernación, que en la palabra de un reo. Era septiembre de 2014. Casi un año después, la revista ContraPoder publicó un reportaje en el que revelaba que el narcotraficante Jairo Orellana (capturado en mayo de 2014, por pedido de extradición de EE.UU.) gozaba de privilegios en una celda del Cuartel Militar de Matamoros, donde fue recluído. En su celda tenía un amueblado digno de hotel de cinco estrellas, incluyendo una televisión plasma y otras comodidades que—según la revista—tenían al ministro López Bonilla en la cuerda floja. La Embajada de los EE.UU. había pedido su cabeza después que rastreó el origen de las comodidades de Orellana hasta el ministro. En mayo de 2015, a Orellana hasta se le permitió celebrar su boda en la cárcel con una mujer requerida por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por narcotráfico, Marta Julia Lorenzana Cordón, y quien pertenece a una de las familias socias del Cartel de Sinaloa. Para finales del mes, López Bonilla había renunciado.

Pero otras tormentas más grandes se posaban sobre la administración de Pérez Molina. Su vicepresidenta Baldetti enfrentaba tales cargos de corrupción que fue obligada a renunciar. Poco después, fue capturada y recluida en Matamoros, cuando la celda cinco estrellas había sido desmantelada. Luego la trasladaron a un sector VIP en la cárcel de mujeres Santa Teresa. En septiembre de 2015, un año después de las acusaciones que lanzó Lima Oliva contra López Bonilla, Pérez Molina fue obligado a renunciar por estar acusado de varios cargos de corrupción y fue capturado. Para junio de 2016, casi un año después que López Bonilla dejó el cargo, el ex ministro fue capturado por lavado de dinero y asociación ilícita.

¿El pez por la boca muere?

Con el ex ministro de Gobernación tras las rejas, Lima Oliva volvió a hablar. Empezó a decir que tenía información privilegiada y dañina contra varios de ex funcionarios encarcelados. Semanas después, en las vísperas de que el juez Miguel Ángel Gálvez anunciara si Pérez Molina, Baldetti, y 55 ex funcionarios más van a juicio, reventó el escándalo en Pavón.

Empezó como un motín. Nada nuevo. Poco a poco, a cuenta gotas, circuló la noticia en la radio y redes sociales, justo cuando empiezan los noticieros a las 11 de la mañana. Desde hacía una hora, ráfagas de disparos habían perforado el bullicio habitual. Un grupo de reos tenía controlado el penal. Había periodistas y familiares de reos arremolinados frente al portón prinicipal, que custodiaban guardias penitenciarios y policías. Corrió la noticia de que había muertos. Desde adentro, en medio del estruendo, se escuchaba a un reo, cual pregonero, gritar que Marvin Montiel Marín, un sujeto apodado El Taquero, mató al capitán Byron Lima porque éste le prohibió vender drogas en el penal—algo que recordaba las palabras del capitán dos años antes: que a donde iba, imponía orden. Horas después, el gobierno lo repitío como la versión oficial. Nadie lo creyó.

Cuanto trascendió no parecía una simple venganza: un saldo de 14 personas muertas. Una de ellas, Lima Oliva, de siete disparos. Otra, Joanna Birriel, una modelo cuya presencia en el penal no tuvo explicación oficial inmediata. En la cárcel la conocían como «la mujer del capitán», y las primeras noticias la describían como «la esposa de Lima Oliva». Otras registraban que la argentina participó en algunas actividades recreativas y educativas que Lima Oliva organizó, como gimnasios al aire libre. Birriel tenía estudios técnicos en gestión ambiental. Sin embargo, antes del episodio de Lima Oliva con Reyes en 2014, no era extraño ver en redes sociales fotos del capitán en la cárcel acompañado de voluptuosas edecanes.

Pero después, de Reyes no hubo rastro, ni siquiera el día de la masacre—aunque ella, a decir por algunas fotografías, había formado una familia con el capitán y algunos reportes de prensa la describen como su esposa. Por otra parte, las autoridades identificaron a al menos cinco de los otros reos muertos como el cuerpo de seguridad de Lima Oliva.

Mientras tanto, la hipótesis inicial del gobierno de la autoría de El Taquero no es tan descabellada para algunos. Este sujeto cumple una condena de 820 años de cárcel (junto a otros cómplices) por asesinar a 16 personas en un autobus en noviembre de 2008. Según el MP, el autobús se dirigía desde Nicaragua hasta la capital de Guatemala, cuando un grupo de sujetos lo detuvo en Zacapa (Guatemala), cerca de la frontera con Honduras. Uno de los pasajeros que hablaba por celular con un familiar en ese momento, le relató que policías uniformados habían detenido el autobus, y cortó la llamada. Un testigo protegido dijo que los sujetos requisaron el autobus, buscando un alijo de droga. Un cable de la embajada de EE.UU., filtrado por Wikileaks, indica que supuestamente en el autobús había cocaína que debía ser entregada a socios del Cartel de Sinaloa en Zacapa. Pero el MP sólo halló evidencia de que el autobús fue rociado con gasolina, con los pasajeros adentro, e incendiado. Las autoridades encontraron los restos calcinados. Este hecho precedía al Taquero cuando trascendió el asesinato de Lima Oliva.

Unos días después, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, adelantó que además de la hipótesis de la autoría del Taquero, también se sospechaba de una traición del cuerpo de seguridad de Lima Oliva contra el capitán, o que el hecho se planificó afuera del penal por una estructura «bien organizada».

En una fotografía divulgada un día después de la masacre en la cárcel, en una audiencia de declaración, El Taquero aparecía sonriente, una expresión de «aquí no pasa nada». Esta semana lo trasladaron al cuartel de Mataromoros, donde también guarda prisión Pérez Molina. Varios analistas y columnistas de opinión ofrecían que, si en efecto el asesino fue El Taquero, es porque lo envió un pez más gordo. La pregunta del millón es quién y por qué. En un sitio remoto, a unas tres horas de la cárcel de Pavón, al suroccidente del país, alguien colocó un cartel sobre una enorme pickup a la orilla de la carretera, que anunciaba que la versión que implica al Taquero es mentira y urgía a reabrir el caso Gerardi. En una entrevista con una radio local, la fiscal general Thelma Aldana dijo que la muerte de Lima Oliva tuvo una «planificación bastante larga» y que la CICIG apoyaría la investigación de este crimen.

El 18 de julio, la noticia de la masacre hasta apareció en The New York Times, que describió a Lima Oliva como uno de los condenados por el asesinato de Gerardi. El capitán fue enterrado el martes. Pero para el 22 de julio, en Guatemala, la noticia comenzaba a morir en los titulares. Estaba en ciernes el futuro judicial del otrora mecenas del capitán, el ex presidente Pérez Molina y un séquito de ex funcionarios. El juez Gálvez mantenía en vilo al país mientras postergaba para el 25 de julio anunciar si los enviará a juicio.

Así, el capitán salió de escena como el segundo condenado por el caso Gerardi que muere en la cárcel, otro que se llevó el secreto a la tumba acerca de las circunstancias en que murió el obispo, y cuya muerte también deja tras de sí otros misterios.

* La autora de este trabajo publicó en 2012 el libro «Gerardi: Muerte en el Vecindario de Dios» (FyG Editores, 2012). Parte de esta nota incluye material de este libro.