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Denuncias de detenciones arbitrarias para investigar como la ocurrida con tres campesinos en Rancho Grande, Matagalpa, o de acoso y espionaje, en La Fonseca, se han vuelto cotidianos en el país, aseguró el funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce.
Simón González y dos de sus hijos fueron apresados y luego fichados por delincuentes, tras ser denunciados por “orejas” del sector, denunciaron a LA PRENSA los afectados.
Aunque Darce dijo no han recibido denuncias sobre el particular, recordó que el artículo 34, de la Constitución Política establece el derecho al debido proceso. Y la detención policial sólo puede darse bajo dos circunstancias claramente establecidas en las leyes, como es en flagrante delito o por una orden de autoridad judicial y, en este caso hasta donde se conoce no hubo esa orden, lo que indica que cada vez se hace más frecuente la actuación de la Policía fuera de la ley.
Y aunque recordó que las instituciones como la Policía tienen sus órganos de inteligencia para investigar, sin embargo, es violatorio a sus derechos que las personas sean detenidas antes de arrestarlos. En el caso de acoso y espionaje dijo que el país no está en estado de emergencia y el cual es aplicado cuando hay desastres naturales, de carácter económico o porque la estabilidad del Estado de Nicaragua esté en peligro, y, ningunas de esas situaciones ha ocurrido, dijo Darce.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la denuncia de detención de tres campesinos en Rancho Grande por informes de “orejas”, es parte del mismo espionaje denunciado por otro lado en La Fonseca, Nueva Guinea.
“El espionaje es una situación anómala, ahí empieza la represión con la violación a la privacidad de las personas y con un método intimidatorio”, dijo Núñez.
Esto no es nada nuevo, indicó la defensora de Derechos Humanos, pero sí lamentable que la gente identifique con el término de “orejas” a estas personas, pues considera que esto indica que hay en el imaginario colectivo relacionar el comportamiento de estas personas que sirven de informantes, con el utilizado por la Guardia Nacional.
Núñez advirtió lo peligroso que puede resultar el querer garantizar la seguridad, a través de versiones que pueden proporcionar personas que podrían estar animadas por otros intereses.
Además estimó que el hecho que las personas estén siendo seguidas por otras, puede significar intimidación y tortura psicológica.
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