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Luego de la declaración del «estado de excepción y emergencia económica» el pasado viernes, el régimen venezolano oficializó este lunes la medida, que regirá por 60 días en todo el territorio del país.
«Se declara el estado de excepción y emergencia económica (…) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación», señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida este lunes.
El pasado viernes, el mandatario chavista anunció el estado de excepción, poder con el que intentará, entre otras cosas, bloquear el referéndum revocatorio que impulsa la oposición en su contra frente a la grave crisis que atraviesa el país.
En la gaceta oficial, el chavismo acusa a la oposición de desconocer los «Poderes Públicos» y de promocionar «la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional».
Este domingo, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz descartó la posibilidad de que Maduro sea destituido por una consulta popular: «Aquí Maduro no va a salir por referéndum».
El decreto otorga atribuciones extraordinarias al chavismo
Esta medida también otorga «atribuciones extraordinarias» a las autoridades para la distribución de productos de primera necesidad, en medio de la peor escasez de productos básicos que vive el país.
En su decreto, el régimen indica que busca una «correcta distribución», «incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP)».
Con el decreto del estado de excepción, Maduro también podrá ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros, sin la necesidad de someterse a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos.
Asimismo, en la gaceta oficial se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado presidente venezolano en el marco de un decreto anterior.
La norma permite, además, «dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este».
También se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país «y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización».
Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación y remitido al Tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.
Fuente: Infobae /EFE
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