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La oposición cubana anticipó este jueves sus planes de presentar candidatos a las elecciones presidenciales de 2017, que deben marcar el relevo de Raúl Castro del poder, pese a la negativa del gobierno comunista a abrir el sistema de partido único.
«Nos vamos a presentar a las elecciones y vamos a ganar«, dijo el dirigente opositor Manuel Cuesta, portavoz de un colectivo de pequeñas organizaciones disidentes a las que el gobierno no les concede estatus legal.
«Nos vamos a presentar a las elecciones y vamos a ganar»
Cuesta lanzó la propuesta durante la presentación del programa «Todos cabemos. Hacia un proyecto de nación«, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), una plataforma creada en 2015 para impulsar una transición democrática y pacífica en la isla.
Cuesta destacó que la MUAD, integrada por grupos que operan dentro o fuera de la isla, ya trabaja con «alrededor de 90» opositores para lanzarlos como «candidatos» en las elecciones generales de 2017.
Asimismo, agregó que la plataforma ya comenzó a presentar a los cubanos su programa de cambio, que incluye ocho propuestas mínimas, entre ellas «elecciones libres y plurales», «reconocer a la diáspora cubana como parte de la nación» y «estimular el desarrollo de la pequeña y mediana empresa privadas».
La disidencia cubana logró presentar dos candidatos en las elecciones muncipales de abril de 2015, que fueron derrotados en las urnas, recordó Cuesta.
Desde hace más de medio siglo gobierna en Cuba el Partido Comunista que lideran Raúl y Fidel Castro bajo un sistema rígido que impide en la práctica la elección en las urnas de candidatos opositores. El presidente Raúl Castro, de 84 años, prevé dejar el poder en 2018, tras cumplir su segundo mandato de cinco años.
José Daniel Ferrer, quien dirige la Unión Patriótica de Cuba, admitió que otros programas similares para promover cambios democráticos en la isla, como el Proyecto Varela de 1998, no prosperaron en el pasado, pero consideró que ahora existe una nueva coyuntura, tanto interna como externa. En Cuba toda oposición es ilegal, y las autoridades de la isla atribuyen las detenciones de disidentes a violaciones del código penal.
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