Por Luis Eduardo Martínez M., LA PRENSA, 10 de junio de 2015
Por unanimidad, cinco miembros de un jurado encontraron culpable de homicidio a Alejandro González Martínez, un policía voluntario procesado en Matagalpa por la muerte del universitario Cristopher Efraín Rivera Zeledón.

Al concluir el juicio, la noche de este lunes 08 de junio, al jurado le tomó 20 minutos votar con cinco bolas negras sobre la culpabilidad de González, quien será sentenciado el lunes 15 de junio próximo por el titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, Bernardo Morales Mairena.
El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2015 recién pasado en el barrio El Porvenir, de la ciudad de Matagalpa. González, quien prestaba servicio en la unidad policial de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte, pasó por la casa de Rivera Zeledón.
Según la acusación, sostenida en el juicio por el fiscal auxiliar Alfonso Pineda y el acusador particular Byron Palma, el policía voluntario abrió una verja y entró a la sala de la vivienda, realizando tres disparos con un fusil Ak en contra del muchacho que estaba a dos metros en un sofá. Dos balazos impactaron al universitario, uno en la pierna izquierda y otro en la ingle.
En sus alegatos finales, Palma y Pineda coincidieron al recordarle al jurado que varios testigos declararon en juicio que “sintieron” aliento alcohólico a González.
Por su parte, la defensora pública Fátima Granados Pravia, insistió en que la muerte de Rivera fue “accidental”, sosteniendo la versión de González en cuanto a que el universitario le pidió prestado el fusil Ak para tomarse una fotografía y que el arma se disparó accidentalmente, alegando además que en el caso no hubo testigos presenciales.
Sin embargo, el jurado declaró la culpabilidad de González y acto seguido, en la audiencia de debate de pena, el fiscal Pineda y el acusador Palma coincidieron en pedir la pena máxima de 15 años de prisión contra González.
Palma y Pineda argumentaron que en el caso concurrieron las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y la presunta reincidencia delictiva de González.
Por su parte, la defensora pública Granados pidió la pena mínima.
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