Por Elizabeth Romero, LA PRENSA, 05 de marzo de 2015
Las organizaciones de mujeres han empezado a conocer que los llamados Consejos de Familia, instalados en los mismos locales de las Comisarías, han empezado a promover el matrimonio de niñas abusadas con sus agresores.
La directora de los centros Acción Ya, Martha Munguía, confirmó que ya han registrado dos casos de niñas de 14 años, que fueron casadas con el agresor. Ambos casos ocurrieron en Estelí, entre enero y febrero. Los agresores son mayores de 30 años. Aunque penalmente el estupro es un delito, las consejeras de la Familia —según familiares de las víctimas— les dijeron a los padres que analizaran el caso, que era conveniente que no siguieran adelante con el proceso y que mejor las casaran.
En uno de los casos la abuelita de la víctima la llevó al Centro Acción Ya, porque la menor presenta problemas emocionales, tiene miedo del agresor, no quiere estar con él, pero está casada, explicó Munguía.
Mientras que en el otro caso la madre denunció que no está conforme con la decisión que adoptó el padre de la menor, pues la casaron con el hombre que la había violado.
RETROCESO EN ATENCIÓN
Lo que ocurre actualmente es consecuencia del decreto presidencial, que las organizaciones de mujeres califican de inconstitucional, porque reforma la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, y propicia la violación de los derechos de las mujeres.
La conducta social pasa por una involución y nuevamente la población vuelve a rechazar la denuncia de este tipo de delitos, señaló Munguía.
“El hecho en sí nos regresa a cuando ni siquiera había habido la reforma de la Ley 150, en el Código Penal aquí en Nicaragua, o sea que estamos retrocediendo más de tres décadas en el manejo (de la violencia)”, expuso Munguía.
Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), recordó que esto ya era un problema histórico donde en las Comisarías y Fiscalía en muchos casos sugerían a la madre el casamiento para “ salvar el honor a la niña”.
Y ahora con el decreto lo que viene a reafirmar es “que es una alternativa necesaria”, dijo Norori, quien recordó que ya no son Comisarías de la Mujer y la Niñez sino de la Familia.
Tanto Munguía como Norori coinciden en que cada vez menor cantidad de víctimas denuncian la violencia que sufren. “Hay menos gente porque las están reenviando a arreglar primero en la comunidad”, aseguró Norori.
Y Munguía mencionó el caso de una mujer que parió a sus hijos gemelos prematuros a causa de la golpiza que le propinó su cónyuge, pero en la Comisaría se negaron a recibir la denuncia que presentó una hermana de la víctima, bajo el alegato de que solo la afectada puede denunciar, pero esta se encontraba hospitalizada.
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