Por Elizabeth Romero, LA PRENSA 26 DE FEBRERO DE 2015
La operación efectuada en noviembre del 2014 en la finca El Tobobal, Mulukukú, “tiene un carácter ilegal y arbitrario”, concluyó un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La abogada del Cenidh, Wendy Flores, califica de grave el hecho que se confirme la participación del Ejército en materia de seguridad ciudadana, así como una complicidad de la Policía, no solo de querer ocultar la actuación de la institución militar, sino que ha incurrido en detención ilegal, ocultamiento de detenidos y desacato a una orden judicial.
El Cenidh señala que la misma sentencia de un juez en Siuna confirma que fue el Ejército el que allanó la finca, al declarar nulas las pruebas porque fueron obtenidas de forma ilegal, por lo que sobreseyó a los detenidos.
Recordó Flores que es la Ley del Ejército la que le autoriza “coadyuvar” con la Policía en asuntos de narcotráfico, crimen organizado y otros, pero no le autoriza a realizar por sí misma investigaciones y prevención del delito, mucho menos realizar allanamientos, por lo que esa actuación “es absolutamente ilegal”.
Y con base en ello fue que el juez de Siuna que ventiló el caso, ordenó en enero pasado la libertad para los tres detenidos y aunque la Policía fue notificada, no cumplió con la orden y más bien procedió a trasladar a los detenidos a la Dirección de Auxilio judicial (DAJ).
“Una vez más hemos confirmado un comportamiento policial que está en desacuerdo con compromisos internacionales de derechos humanos que Nicaragua ha venido suscribiendo, en el sentido que prácticamente está ejerciendo una actividad delictiva en perjuicio de personas detenidas”, criticó Flores. Hasta ahora siguen detenidos por ese caso Francisco Huckler, Oscar Olivas y Dixon Mendoza.
“La Constitución Política en el artículo 92 indica que el Ejército de Nicaragua tiene como funciones la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial”. Wendy Flores, abogada del Cenidh.
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