Una medida denigrante

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Por Mabel Calero, LA PRENSA, 30 de abril de 2015

Si usted no paga su factura de energía posiblemente se vea en el penoso caso de ver su foto y cédula de identidad con un aviso de cobro en grande para que todo mundo la vea, algo que está prohibido en la Ley 842, Ley de Protección a los Usuarios.

Usuarios de energía morosos están expuestos en las oficinas de Disnorte-Dissur. LA PRENSA/ R. FONSECA
Usuarios de energía morosos están expuestos en las oficinas de Disnorte-Dissur. LA PRENSA/ R. FONSECA

“Solo se le puede poner el número Nis, nunca la foto o la cédula porque estaría denigrando a la persona, están violando su derecho de privacidad, hay manera de hacer los cobros, no se pueden usar medidas antojadizas, es una medida coercitiva, aparte tienen que demostrar que esa persona es el deudor principal porque podría ser que no sabemos si está alquilando, si es el propietario y salió afectado”, dijo Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.

Este centro hace unos días presentó los alegatos al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) en contra de la empresa distribuidora Disnorte-Dissur, representando a más de quinientos mil usuarios de este servicios que sienten que la empresa ha violentado sus derechos.

En la sucursal de Disnorte-Dissur en el sector de Portezuelo, Managua, estaban de exhibición dos avisos de cobro, uno a una persona particular y el otro a un negocio.

En el caso de la persona, a la par de su foto se le pone el monto de la deuda y al final lleva una frase: “Hablando se entiende la gente”, pero cuando se le cobró al negocio no le pusieron la foto de la persona de quien está a nombre el servicio, sino la foto del local y al final una frase que dice: “Agradecemos honrar su deuda”.

López explica que es ilógica la frase, de que “hablando se entiende la gente”, cuando lo que hacen es exponer a la persona para presionarla para que pague.

LA PRENSA se comunicó con el gerente de Comunicaciones de Disnorte-Dissur, Jorge Katín, pero no respondió a las llamadas ni atendió los correos.

75 millones de dólares debió invertir la empresa distribuidora en un plazo de cuatro años, según lo dispuesto en la Ley 839, por lo cual el Centro de Ayuda al Consumidor pide se rindan cuentas de cuánto ha sido la inversión.

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