La sangre corrió por el asfalto y la montaña: de Las Jagüitas a La Cruz de Río Grande

Hagamos uso de nuestro poder personal, ese que ningún régimen, por más duro que sea, nos puede quitar: el poder de alzar la voz frente las injusticias.

Pasó en la bulliciosa Managua, un sábado 11 de julio de 2015. A través de la televisión, fuimos testigos de los gritos desesperados de Yelka pidiendo auxilio al ver correr la sangre de sus dos hijos: José Efraín de 13 años y Aura Marina, de 11.

Supimos a través del testimonio de la madre de la indolencia policial al negarse a prestar auxilio a las víctimas tras un operativo extremadamente violento, la vimos aun herida clamar por justicia.

La conmoción duró poco y es que la mayoría fuimos espectadores de estos dolorosos hechos, por ello —como cuando salimos del cine después de una película de horror— poco tiempo después olvidamos y volvimos a la normalidad de nuestras vidas.

Ocurrió nuevamente el domingo 5 de febrero de 2017 en San Martin, barrio semirural de El Tuma-La Dalia en Matagalpa, habitado por campesinos y cortadores de café. La Policía, en un operativo realizado en la oscuridad de la madrugada, asesinó a Daira Junieth, de 18 meses.

Al igual que en Las Jagüitas también se negaron a prestar auxilio a la madre, quien corrió en busca de ayuda por más de dos kilómetros con su niña muriendo en sus brazos. Daira hoy tuviera un poco más dos años. En este caso el silencio de la Policía y la indiferencia, nos hicieron olvidar el desgarrador relato de Margine, su adolescente madre.

Pasó de nuevo el domingo 12 de noviembre recién pasado en la comunidad San Pablo, en la profundidad de la montaña, en La Cruz de Río Grande.

Mediante un operativo militar realizado en horas de la madrugada fueron asesinados cruelmente Francisco, de 12 años y Yojeisel de 16.

La Cruz de Río Grande
Francisco Pérez Valle, de 12 años y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16, fueron víctimas del Ejército. LA PRENSA/Cortesía/Lea Valle Aguirre

Asesinatos perpetrados bajo la justificación de ser parte de una banda delincuencial, según el jefe Regional del Ejército. Estos fueron enterrados como desconocidos en una fosa común junto a su padre y otras tres personas.

En todos estos casos, policías y militares actuaron con uso excesivo de la fuerza, en contravención a cualquier protocolo de actuación y al margen de los derechos humanos de las víctimas.

En todos ellos corrió la sangre de inocentes, los cuales fueron masacrados sin que hasta la fecha haya una verdadera investigación y sanciones a los responsables. El silencio, el maltrato a los familiares de las víctimas, la indiferencia de las autoridades y la impunidad, ha sido el común denominador.

Me aterra la crueldad de la Policía y del Ejército, su falta de compasión, su indolencia, su desfachatez al intentar justificar lo injustificable. Pero, más aterra la indiferencia de la población, convertidos en espectadores.

Población cautiva de la televisión y las redes, todavía incapaz de movilizarse por los derechos de los otros. Me aterra pensar en la posibilidad de vivir en carne propia estas historias.

Me parece mentira que algunos veamos estos gravísimos abusos de poder como lejanos, como que solo pasan en la profundidad de la montaña. No deberían ocurrir en ninguna parte, pero la realidad nos indica que pueden ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora y a cualquiera de nosotros.

Desde Las Jagüitas hasta La Cruz de Río Grande ha quedado en evidencia el abuso de poder y la impunidad total de las fuerzas constitucionalmente encargadas de protegernos. Quiero pensar que estos gravísimos hechos no ocurrirán nunca más, que la Policía y el Ejército rectificarán, dirán la verdad y se castigará a los responsables, iniciando así el camino para que los familiares de las víctimas accedan a la justicia y logren algún día sanar las heridas.

Sin embargo, no encuentro indicios que me indiquen que eso pasara, menos aun si nos mantenemos neutros ante el horror. Es urgente pasar de la pasividad a la demanda activa en la construcción de un país para todos, especialmente para los niños y niñas.

Los cinco niños y niñas asesinados tenían derecho a vivir, a crecer y a ser felices. No esperemos el próximo fin de semana para ser víctimas del horror, no esperemos que nos suceda para actuar.

Propongo que cada persona, cada niño, cada niña a mano, a máquina o en computadora envíe una petición a las autoridades: al Ministerio Público, la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, para que esclarezcan estos crímenes, para que hagan justicia, para que los asesinatos de Efraín, Aura Marina, Daira, Francisco y Yojeisel no queden en la impunidad. Llenemos las recepciones de estas instituciones de peticiones demandando que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Con esta pequeña acción digámosle a estas intuiciones que rechazamos categóricamente estas acciones y que como sociedad no permitiremos la barbarie.

Hagamos uso de nuestro poder personal, ese que ningún régimen, por más duro que sea, nos puede quitar: el poder de alzar la voz frente las injusticias.

Juan Carlos Arce Campos

Juan Carlos Arce Campos

El autor es abogado, defensor de los Derechos Humanos y especialista en Género e igualdad con mención en ADM
Juan Carlos Arce Campos